Los afectados por las viviendas de Medina Elvira reclaman el dinero al sentirse “estafados”
El actual equipo de Gobierno de Atarfe solicitará a la Junta de Andalucía que aporte soluciones a un problema "agravado por la falta de control urbanístico"
Los propietarios de las viviendas de la urbanización Medina Elvira de Atarfe han reclamado que se les devuelva el dinero que entregaron por sus casas al sentirse “estafados” por los promotores y los anteriores responsables municipales que concedieron la licencia de primera ocupación a sabiendas de que no contaban con los servicios mínimos de ocupación y habitabilidad.
De este modo, los afectados acudirán este lunes a la primera de las ocho sesiones del juicio que tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Granada por las supuestas irregularidades cometidas en la concesión de las licencias de primera ocupación, en el que están acusados los exalcaldes de Atarfe, Víctor Sánchez y Tomás Ruiz, por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística, además de empresarios y técnicos municipales.
El presidente de la comunidad de propietarios Cortijo Armengol-Medina Elvira 23, Antonio Grande, ha reclamado “justicia” en nombre de los 46 afectados, la mayor parte extranjeros, que desde hace más de ocho años padecen una situación “insufrible”.
“Estamos hartos de no poder vivir en nuestras casas y disfrutarlas con nuestras familias, hartos de ver el progresivo deterioro de las mismas, de tratar de impedir que las ocupen o las saqueen, hartos de estar obligados a pagar las deudas contraídas, hipotecas y gastos infinitos”, ha denunciado Grande.
Es por eso que los afectados solicitan a la justicia que se les devuelva dinero que han entregado por sus casas, entre 100.000 y 400.000 euros por vivienda, se les indemnice por los “daños y perjuicios” y se condene a los responsables.
De igual forma, los dueños de las viviendas han recordado que, nada más tomar posesión de sus casas, se paralizaron las obras de las urbanizaciones cercanas, "las acabadas no llegaron a habitarse y se produjo un progresivo deterioro de calles y zonas verdes, situación que se agravó con la suciedad y la falta de mantenimiento, el cese del alumbrado público, del campo de golf y del propio colegio". "Pero el detonante fue la imposibilidad de legalizar el suministro de agua, denegado por la entidad suministradora Aguasvira porque las obras de saneamiento y alcantarillado estaban inconclusas -siguen pendientes a día de hoy-, pese a que nuestra parcela contaba con la licencia de primera ocupación”, ha lamentado.
Por su parte, el nuevo equipo de Gobierno se ha reunido recientemente con los vecinos afectados, a los que ha ofrecido su apoyo y se ha comprometido a llevar a cabo una inspección técnica de los edificios para comprobar el grado de deterioro de la urbanización. Asimismo, ha aclarado que los bancos cuantificaron en mil millones las pérdidas derivadas de la construcción de la macrourbanización “fantasma y ruinosa", con 990 viviendas expuestas al vandalismo, sin espacios libres ni equipamientos, y con el abastecimiento y saneamientos pendientes de instalar.
"El actual equipo de Gobierno solicitará a la Junta de Andalucía que aporte soluciones a un problema agravado por su falta de control urbanístico", ha declarado fuentes del Ayuntamiento.