Los 'barrios ignorados' se concentran para exigir el derecho "a vivir con dignidad"
En el acto, a las puertas de la Real Chancillería, se ha reclamado que sea "delito dejar a una familia sin recursos"
En el acto han estado presentes el Defensor del Ciudadano de Granada, Manuel Martín y la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda. Foto: aG
Representantes de barrios ignorados de Andalucía se han dan cita este sábado a las puertas de la Real Chancillería de Granada para demandar a la administración de Justicia “que sea delito dejar a una familia sin recursos”. En la concentración han estado presentes el Defensor del Ciudadano de Granada, Manuel Martín, el histórico sindicalista jornalero Paco Casero y la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda.
La Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABI) viene reivindicando desde su creación en 2011 la articulación de políticas que pongan fin a la exclusión de las llamadas "zonas con necesidades de transformación social, los puntos negros" de exclusión en la comunidad andaluza donde, a su juicio, se incumplen "sistemáticamente" artículos recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, en cuanto al derecho a las personas a vivir con dignidad.
Durante la concentración, se ha dado lectura a un escrito presentado esta semana ante el presidente y el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), avalado por otras 40 entidades que trabajan en estos barrios ignorados de Andalucía, reclamando, entre otros puntos, que "se contemple la posibilidad de hacer una aplicación de las leyes citadas (la Constitución y el Estatuto de Andalucía), que se promueva la necesidad de forzar todo lo posible su interpretación para obtener resultados reales y efectivos en el trabajo con las personas y familias que se están quedando en la cuneta y que las situaciones en las que las familias se quedan sin recursos puedan ser perseguidas por vías judiciales con mayor intensidad de lo que se hacen actualmente".
El fiscal superior del TSJA, Jesús García Calderón, mantuvo esta semana un encuentro con representantes en Granada de la AABI, donde además de recoger el escrito e interesarse por asuntos concretos como la situación de los comedores escolares, sugirió vías factibles en los que puede colaborar la Fiscalía, dado que "aunque la Constitución recoge ciertos derechos" no existen leyes que consideren delito que una familia no tenga un techo o un trabajo dignos.
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