Los litigios contecioso-administrativos bajan en Granada pese al incremento del 59% en Andalucía
Lorenzo del Río, presidente del TSJA, considera que el grado de resolución de la justicia granadina es "bueno" en el marco andaluz
El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, durante la presentación de la Memoria del TSJA 2014. Foto: Antonio Ropero
Granada no sigue la estela judicial del resto de Andalucía. Mientras que en la comunidad autónoma se produjo en 2014 un incremento de los litigios relacionados con la sala contencioso-administrativa, en el caso de la provincia de Granada este dato ha disminuido en un 7% en el mismo ejercicio.
Así se desprenden de los datos ofrecidos este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuyo presidente, Lorenzo del Río, ha destacado que la situación de los juzgados en la provincia está "bastante normalizada", con unos tiempos de respuesta "buenos".
Del Río ha dicho "habría que distinguir la sala civil y penal, que es una sala sin ningún problema, de la sala de lo contencioso y social, normalizada y con números que están como hace unos años".
A nivel de juzgados, ha añadido, en su "inmensa mayoría" funcionan con tiempos de respuesta "bastante buenos", al mismo tiempo que ha anticipado que se está estudiando el reforzar en la sala de lo contencioso administrativo: "Ante las situaciones complicadas se está dando una respuesta bastante coherente".
Del Río ha detallado los datos referentes a la comunidad andaluza, que en el desglose de Granada reflejan que en la sala de lo contencioso administrativo se registraron un total de 2.212 asuntos mientras que se resolvieron un total de 4.420, ya que al inicio del año había un total de 9.942 asuntos pendientes. Esto, a juicio de Del Río, demuestra que los juzgados asumen más carga de la que en un principio deberían tener asignada y va dando salida a los casos pendientes.
La tasa de resolución, asuntos resueltos entre asuntos ingresados, se sitúa en Granada en 2, mientras que la tasa de pendencia, asuntos pendientes entre asuntos resueltos, en el 1,75. Mientras, la tasa de congestión se sitúa en el 36%, según la memoria.
En lo que a movimientos de asuntos se refiere por magistrado, las resoluciones dictadas en 2014 ascendieron a las 4.366 entre los doce magistrados de la sede de Granada, suponiendo una media de 184 asuntos por magistrado y dictando un total de 273 resoluciones dictadas. En la sala de Granada hay que tener en cuenta que se ha producido un incremento de cuatro magistrados de refuerzo.
Sala de lo social y lo penal
Por otra parte, en las salas de lo social y lo penal los datos son inferiores a los del contencioso administrativo. En la sala Social se han registrado 2.890 asuntos y resuelto 2.538 asuntos, lo que deja al final del año la resolución en Granada en 735 asuntos y una tasa de congestión del 78% a los nueve magistrados, quienes dictaron 280 resoluciones en todo el ejercicio pasado.
En la memoria se refleja que los datos que se ofrecen durante el periodo 2009 a 2014, respecto a los juzgados de lo penal, "pone de manifiesto" la necesidad de aumentar las plazas judiciales en Granada, concluisión a la que se llega considerando los asuntos ingresados en 2014 en relación con la media ponderada de esos últimos años. A estos hay que añadir los de otras provincias, a la par que los juzgados de lo Mercantil con sede en Granada.
Lorenzo del Río ha destacado que durante el ejercicio pasado se ha producido un aumento de la litigiosidad con 1.870.148 asuntos en toda Andalucía, en cuya comunidad los procedimientos penales suponen el 75% del total, tres cuartas partes de los asuntos registrados.
El presidente del alto tribunal andaluz ha dicho que el problema sigue recayendo en la tasa de "congestión", al mismo tiempo que ha dicho que el incremento en la jurisdicción contencioso-administrativa obedece principalmente a la conflictividad derivada por las modificaciones en materia retributiva y jornada de trabajo, en el contexto de crisis actual.
Ha dicho que a los jueces no les gusta ser "protagonistas" de la actualidad y ha abogado por sacar a la Justicia del debate político y electoral, aunque sí considera necesario que se incluyan propuestas que impliquen que la sociedad sea consciente de la importancia de este servicio público.
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