Operación 'Térmyca', de Cataluña a Armilla
La Guardia Civil requiere documentación al Ayuntamiento metropolitano que se ha visto salpicado en una actuación contra el supuesto amaño de contratos
Fachada del Ayuntamiento de Armilla. Foto: Álex Cámara
Lo que parecía un martes más en la localidad metropolitana de Armilla, poco tardó en convertirse en uno de esos para recordar. El país amanecía con una macrooperación contra la corrupción que se saldaba con once detenidos. Si bien es cierto que las detenciones y los registros por el presunto amaño de contratos comenzaron en Cataluña, los tentáculos de la operación 'Térmyca' se extendían por toda España llegando, incluso, hasta el municipio granadino.
El porqué: un expediente, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), relativo a un contrato que el Consistorio suscribió en 2014 con la sociedad CGI (Coordinadora de Gestión de Ingresos) por importe de 18.000 euros para asistencia técnica en materia de inspección tributaria.
En este caso, la Guardia Civil se personaba en el ayuntamiento para requerir la documentación solicitada por el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona). A Armilla, se unían Palos de la Frontera (Huelva); Linars del Vallés, (Barcelona); La Seu d’Urgel, (Lérida); Gerona y Calonge (Gerona); Barcelona, Masquefa; Cambril (Tarragona); Getafe; Collado Villalba; Benicassin (Castellón); y Alaior y Soller (Baleares).
Además, se registraban ocho ayuntamientos (Torrejón de Ardoz, Chinchón y Miraflores de la Sierra, en Madrid; Ascó, Tortosa, Vandellós y l’Ametlla de Mar, en Tarragona);12 empresas privadas; siete entidades públicas; 14 domicilios; y siete despachos por todo el país.
La operación, coordinada por la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado, concluía con once detenidos, entre ellos Josep Manel Bassols, exalcalde de Convergència en Anglès (Girona) y exdirector de campaña del actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Según informaba el Instituto Armado, la trama se valía de estructuras paralelas creadas en los mismos consistorios para desviar ese dinero a Andorra a través de "complejas operativas mercantiles".
Hacia las 13.15 horas de este martes, y 45 minutos después de recibir la visita de la Guardia Civil, el alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, explicaba que el expediente requerido a su Ayuntamiento "no conllevó ninguna contratación por una alegación que presentó una empresa de Valencia".
"Lo que hacía la empresa era colaborar con los servicios municipales para inspeccionar a empresas del municipio y ver si su tributación era correcta. Se recurrió a esta contratación externa ante las limitaciones que tienen los ayuntamientos de contratar nuevo personal debido a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”, añadía al tiempo que negaba que dicha empresa les ofrecieran ningún tipo de asesoramiento en materia urbanística o de creación de empresas.
Por el momento, se trata del único ayuntamiento de la provincia granadina al que se prevé que se dirija la Guardia Civil para solicitar la información que ha pedido el juez en el marco de esta operación, aunque la empresa trabajaba con más de veinte municipios en Andalucía, algunos de ellos en esta provincia.
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