Los trabajadores de Justicia dicen 'no' a la privatización del Registro Civil
El cierre supondrá un coste económico a los usuarios por cada trámite que realicen y la pérdida de puestos de trabajo
Durante la concentración han reivindicado que el Registro Civil continúe siendo un Servicio Público Gratuito y de Calidad, de forma opuesta al afán privatizador del gobierno.
Trabajadores y Trabajadoras la Administración de Justicia en Granada se han vuelto a concentrar este jueves, ante el Registro Civil de la capital, en protesta por su inminente privatización que deja en el aire las condiciones laborales de 3.500 puestos de trabajo a nivel nacional. Durante la concentración han reivindicado que el Registro Civil continúe siendo un Servicio Público Gratuito y de Calidad, de forma opuesta al afán privatizador del Ejecutivo central, que puede suponer a los ciudadanos un gasto por cada trámite de entre 5 y 20€.
Como ha explicado José Antonio Enríquez, Secretario General de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Granada, se van a cerrar los registros civiles de toda España, cuyas funciones serán entregadas a los Registros de la Propiedad, lo que supondrá un coste económico a los usuarios por cada trámite que realicen, así como la pérdida de gran cantidad de puestos de trabajo, asegurando que cuando se lleve a cabo esta privatización, en verano de este año, en la provincia de Granada, calculan que se pueden perder "unos sesenta puestos de trabajo, y entre cuatrocientos y quinientos a nivel regional".
Además, el representante sindical ha denunciado que el cierre de los registros civiles, puede suponer el pago de trámites tan cotidianos como las fes de vida, las partidas de nacimiento, los matrimonios o los expedientes de nacionalidad, y que cualquier ciudadano o ciudadana quiera realizar un trámite tenga que trasladarse al registro de la propiedad más cercano, que será seguramente el de la cabecera de la comarca, lo que le supondrá también un gasto económico de desplazamiento.
Asimismo, Enríquez ha destacado que con esta medida, el personal funcionario que presta servicios en los registros civiles únicos o en Juzgados con competencias en materia de registro civil perderá su plaza y serán reordenados para cubrir las vacantes que existan en los órganos judiciales.
Finalmente, ha manifestado que se oponen a esta privatización, ya que entienden que el Registro Civil es un servicio público y esencial, el único gratuito de la Administración de Justicia, del que no se puede prescindir, y cuya gestión ha de realizarse por medio de una Administración que preste un servicio de calidad a la ciudadanía.
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