Más de 20 detenidos al desarticular un grupo dedicado a la inmigración clandestina y el tráfico de hachís
Los agentes siguieron la pista tras proliferar los empadronamientos falsos de ciudadanos extranjeros en el municipio
Un total de 22 personas han sido detenidas en Motril tras la desarticulación de un entramado delictivo dedicado a la inmigración clandestina mediante la falsificación de documentos y al tráfico de hachís. De ellos, cuatro han ingresado en prisión por decreto de la autoridad judicial como presuntos miembros del grupo. Además, otras diez han sido investigadas.
La operación, llevada a cabo por la Policía Nacional, comenzó en febrero. En aquel entonces, los agentes detectaron la proliferación de grupos criminales integrados por ciudadanos de origen magrebí dedicados a introducir ciudadanos extranjeros de manera irregular en el territorio español durante los últimos años, ha informado el cuerpo policial en una nota.
Esta circunstancia, unida a la recepción de un informe emitido por personal del Ayuntamiento, les alertó sobre la multiplicación de empadronamientos falsos por parte de ciudadanos extranjeros, lo que hizo considerar la existencia de una organización dedicada a dichos fines en Motril. Determinados ciudadanos de origen magrebí eran captados, a cambio de una cantidad de dinero, para consentir la inscripción de otros extranjeros en el Padrón Municipal de Motril.
Compraban pasaportes y tarjetas de residencia
Según la investigación policial, el modus operandi que habría empleado la organización en relación con la inmigración ilegal sería captar a extranjeros regularizados residentes en España, fundamentalmente de nacionalidad marroquí, a quienes compraban su pasaporte o tarjeta de residencia.
Estos documentos eran manipulados y posteriormente utilizados para introducir, por vía marítima, a personas irregulares con características físicas similares. Una vez en territorio español, eran recogidas por diferentes “transportistas” y distribuidos por diversas ciudades de la geografía española en las que contaban con la infraestructura que permitía su alojamiento.
A partir de ahí y en función del pago realizado por el ciudadano extranjero, entre 7.000 y 15.000 euros, se abría la posibilidad de que la organización también se ocupase de su regularización en España vulnerando la legislación sobre estancia de extranjeros.
Estas regularizaciones falsas se gestionaban, bien mediante falsos episodios de violencia de género, lo que propiciaba la regularización automática de la denunciante por circunstancias excepcionales y constituyéndolas beneficiarias de una renta activa de inserción, bien, simulando relaciones afectivas análogas, o bien simulando relaciones laborales.
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