martes 24 mayo
La Capital  |   | Redacción aG

Más de 25.000 familias granadinas están adheridas al Bono Social de pobreza energética

Tienen derecho a prórrogas automáticas cada dos años de forma indefinida

En Granada 25.103 familias disfrutan del Bono Social impulsado por el Gobierno para paliar la pobreza energética y de ellas, 11.782 son familias vulnerables y cuentan con una rebaja del 60% en su factura de consumo eléctrico, mientras que 13.321 son vulnerables severos y tienen una reducción del 70%.

Estos descuentos estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2022 y después de esta fecha los descuentos volverán a ser del 25% para los clientes vulnerables y del 40% para los vulnerables severos, tal y como establece la normativa, según ha informado Endesa en una nota de prensa.

Con la entrada en vigor del nuevo bono social, se establecen cambios en los requisitos, ampliándose principalmente el máximo de ingresos económicos, Iprem, que pueden tener sus beneficiarios por lo que permitirá que más personas puedan acceder a estos descuentos. Por ejemplo, con los criterios anteriores, el umbral de renta para tener derecho a la ayuda (consumidor vulnerable) de una pareja con dos niños era de 20.266 euros, mientras que, con los nuevos requisitos, por el contrario, pasaría a ser de 22.698 euros.

Además, las personas que tengan el Ingreso Mínimo Vital podrán beneficiarse directamente siempre que justifiquen su condición en el momento de tramitar la solicitud del Bono Social. Por último, se sustituye el concepto de unidad familiar por el de unidad de convivencia.

Dentro de los beneficiarios, por lo que se refiere a tipología, el 64% son clientes vulnerables por criterios de renta, el 25% son familias numerosas, el 10% pensionistas y menos del uno por ciento afectados por la crisis económica de la covid-19. Del total de los clientes, el 47% son considerados vulnerables y el 53 por ciento son vulnerables severos.

Además de estas dos categorías, aquellos clientes vulnerables severos atendidos por los Servicios Sociales de la Administración y que, se consideran en riesgo de exclusión social, no tendrán que hacerse cargo de la factura siempre que la Administración financie al menos el 50% del importe. Servicios sociales deberá acreditar esta situación y Endesa asumirá el otro 50%, tal y como establece el Real Decreto del Bono Social.

La medida implica que todos aquellos consumidores que se acojan al Bono Social a partir del 31 de marzo tienen derecho a prórrogas automáticas cada dos años de forma indefinida. Así, dos meses antes del vencimiento, un equipo especializado verificará si se siguen cumpliendo los requisitos e informará al cliente para su tranquilidad.

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