23
Monachil tendrá que pagar casi 70.000 euros por un recargo impuesto tras el accidente de un empleado municipal
El Ayuntamiento había efectuado una demanda por esta cantidad, pero el juez considera que los hechos probados en el acta de Inspección de Trabajo, que dejaron incapacitado al trabajador, deben confirmar la cuantía impuesta
El Juzgado de lo Social 1 de Granada ha rechazado la demanda impuesta por el Ayuntamiento de Monachil contra la Seguridad Social y un trabajador que sufrió un accidente a raíz de un recargo del 30% por el que el municipio deberá pagar 69.189 euros en concepto de responsabilidad empresarial por "falta de seguridad en el trabajo", así como los intereses correspondientes.
Según consta en la sentencia del magistrado, a la que ha tenido acceso ahoraGranada, los hechos se remontan al 22 de noviembre de 2023, cuando el Ayuntamiento interpuso una demanda en la que se pedía que se dejara sin efecto la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por el recargo del 30% impuesto como consecuencia de un accidente laboral sufrido por un trabajador que prestaba servicios para el Consistorio.
Previamente a esta demanda municipal, el 20 de septiembre de 2021, el empleado se encontraba en el acceso a la nave de obras y servicios del Ayuntamiento de Monachil, situada en el Polígono Las Canteras, cuando, según recoge la sentencia como hechos probados, el hombre se marchaba de la nave en un vehículo del que se bajó para cerrar la puerta metálica de acceso.
La puerta disponía de un motor eléctrico para moverse que "estaba estropeado", debiendo abrirse y cerrarse manualmente, por lo que al empujar la puerta corredera para desplazarla "se salió de las guías, cayendo sobre el trabajador que quedó atrapado bajo ella".
Tras el accidente el trabajador inició el procedimiento tras el que le fue reconocida incapacidad permanente total.
Además, la sentencia también añade como hechos probados que en la evaluación de riesgos de la nave se recoge la "falta de designación personal" para el mantenimiento básico y periódico de las instalaciones y que en el momento del accidente las guías de la puerta estaban "en mal estado".
Por parte de una empresa, añaden, se habían realizado diferentes reparaciones de la puerta, siendo "la última" antes del accidente en marzo de 2019, sin que la puerta, además, contara con señalización alguna.
La puerta fue reparada con posterioridad, si bien la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se levantó acta y propuesta del recargo del 30% y el INSS dictó resolución en agosto de hace dos años acordando la imposición de recargo de prestaciones en esta cuantía.
Resolución judicial
El Ayuntamiento de Monachil presentó su impugnación alegando "falta de responsabilidad" en el siniestro y apuntaba al trabajador y su "actuación imprudente" como causa del accidente, ante lo que tanto el empleado como el INSS formularon oposición.
El juez considera que, partiendo de esto y de los hechos probados a raíz del acta de la Inspección de Trabajo, la consecuencia ha de ser "necesariamente" la confirmación del recargo impuesto.
Así, cree el magistrado que ha quedado "claro" por un lado que la evaluación de riesgos "ya señalaba la necesidad de realizar un adecuado mantenimiento del portón" a la nave y la realización de controles periódicos, "algo que desde luego no se hizo".
También añade en su exposición de fundamentos de derecho que "no existe duda" de que en el momento en el que ocurrió el siniestro, el mecanismo eléctrico de la puerta "no funcionaba" y que llevaba "tiempo en esa situación". También recuerda que las guías del mecanismo estaban "en mal estado".
Sobre la actuación del trabajador, dice el titular del Juzgado de lo Social 1 de Granada que según las imágenes de una cámara de seguridad el empleado trata de mover la puerta "sin que se vea una actuación fuera de lo normal e inmediatamente la puerta cae sobre él".
Por todo ello, se confirma la resolución impugnada por el Ayuntamiento de Monachil y absuelve a los demandados de "todas las pretensiones deducidas en su contra".
El alcalde defiende la actuación municipal
En declaraciones a este medio, el alcalde de Monachil, José Morales, ha afirmado que el Ayuntamiento ha acatado la resolución judicial, que no ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que la cantidad ya ha sido abonada.
El regidor ha defendido que actuaron en base al "proceder que se recomendó" por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento metropolitano, pues "es lo habitual cuando sucede algo así".
El alcalde considera que la "realidad" es que la puerta "estaba bien", puesto que no se había hecho "ningún apercibimiento" por parte de la empresa de riesgos laborales, por lo que ha dicho que "no se sabe exactamente qué es lo que pudo ocurrir y por lo que se le vino encima al trabajador".
"El caso es que ocurrió y lógicamente no queremos que ocurra ningún accidente laboral, ni en Monachil ni en ningún sitio", ha asegurado el alcalde, quien ha incidido en que lo importante "siempre ha sido el trabajador": "Todo ha funcionado como tenía que funcionar, respecto al seguro y la mutua, eso es lo más importante y en lo que nos centramos más allá de cuestiones políticas que nos pudieran pedir", ha dicho.
Esta causa sigue otro procedimiento penal, que se ha retraído a las acciones judiciales iniciales, ante lo que Morales ha recordado que "no hay nada de momento, habrá que ir viendo cómo va a quedar este tema".
Críticas desde el PP
Desde el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Monachil, su portavoz, Cristina Marín, ha criticado esta nueva sanción a las arcas municipales "por negligencia" del Gobierno local, compuesto por el PSOE e IU.
El PP ha manifestado su "preocupación" por esta resolución judicial interpuesta por el ejecutivo municipal y consideran "inadmisible" que los vecinos de la localidad metropolitana tengan que pagar "una vez más, por la mala gestión y dejadez del equipo de Gobierno socialista, que no ha garantizado condiciones laborales seguras para sus trabajadores".
"Exigimos responsabilidades políticas por esta negligencia, así como una revisión urgente de los protocolos de seguridad laboral en todos los servicios municipales. Los recursos públicos deben destinarse a mejorar la vida de nuestros ciudadanos, no a cubrir sanciones por falta de previsión y responsabilidad", ha añadido.
Popular ahora
