Ocho de cada diez ayuntamientos de Granada no tiene adaptados sus PGOU a la ley urbanística andaluza
Marifrán Carazo ha recalcado la necesidad y urgencia de aprobar cuanto antes la nueva ley, que aglutina la norma de urbanismo y ordenación del territorio
Ocho de cada diez ayuntamientos de la provincia de Granada no tiene adaptados sus Planes Generales de Ordenación Urbana o normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
En la provincia de Granada, sólo 28 de 174 municipios han completado su adecuación plena a la normativa vigente. Es decir, el 83,9% de los ayuntamientos todavía no tiene estos planes adaptados plenamente a la normativa y “siguen inmersos en una maraña de leyes”.
Así lo ha asegurado la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, quien ha reivindicado la necesidad de aprobar la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) con la que pretende acabar con la inseguridad jurídica de la normativa actual que sufren en primera persona numerosos ayuntamientos.
Carazo ha realizado estas afirmaciones en su respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Popular sobre planificación urbanística en Andalucía, en la que ha puesto de manifiesto el fracaso de la LOUA, una ley que “aprobada en el año 2002, tenía como objetivo que todos los municipios andaluces contaran con Plan General de Ordenación Urbanística adaptado a la Ley.
La consejera ha resaltado que esta situación ha sido provocada por “la maraña de leyes vinculadas al Urbanismo y a la Ordenación del Territorio que solo han servido para frenar las expectativas de desarrollo de los municipios” destacando que las once modificaciones sufridas por la LOUA “sólo han contribuido a enredar más la situación”.
Planes Generales "anulados"
“Todo ello, ha dado lugar a una importante conflictividad judicial, con una cascada de planes generales anulados por motivos formales o de fondo. El Puerto de Santa María, Chiclana, Marbella, o Jaén o Almería son sólo un ejemplo. Casi 500 PGOU han sido anulados por los tribunales o se han visto afectados por los errores legislativos que en materia de medio ambiente se cometieron en la pasada legislatura, de tal forma que deben volver a iniciar su tramitación”, ha subrayado.
Ante esta situación, ha recalcado la necesidad y urgencia de aprobar cuanto antes la nueva ley, que aglutina la norma de urbanismo y ordenación del territorio y “simplifica la normativa para que aporte seguridad jurídica”.
Al respecto, ha hecho hincapié en que son muchos los alcaldes que han manifestado compartir los objetivos del Gobierno andaluz de agilizar y reducir los plazos de tramitación para que los planes generales se aprueben en dos años y medio y no en diez años de media como ocurre ahora.
Esa necesidad de agilizar trámites queda reflejado en el inicio de las casi 60 mesas de trabajo que se han constituido con los ayuntamientos andaluces para que los técnicos de la Junta de Andalucía asesoren y resuelvan dudas que puedan tener en la elaboración de las normas urbanísticas.
Estas mesas técnico-jurídicas se pusieron en marcha con el propósito de garantizar la buena praxis administrativa y, de paso, promover la colaboración entre administraciones desde el principio del proceso. En el caso de la provincia de Granada, hay siete ayuntamientos que se han acogido a estos grupos de trabajo: Granada, Ogíjares, Cájar, Moraleda de Zafayona, Vegas del Genil, Cúllar Vega y Huétor Vega.
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