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Operación La Zubia: una treintena de detenidos por regularizar de forma fraudulenta a extranjeros
La Policía Nacional continúa la investigación en relación con una decena más de investigados, entre empresarios y ciudadanos marroquíes
Agentes de la Policía Nacional de Granada han llevado a cabo la operación La Zubia en la que han desarticulado un entramado delictivo en el que se han detenido e investigado a más de una treintena de personas de distintas nacionalidades por delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal y falsedad documental.
La investigación continúa abierta y se estima que habrá al menos una decena de nuevas detenciones entre empresarios y ciudadanos extranjeros, según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa.
La operación se inició el pasado febrero, cuando los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada comenzaron las pesquisas sobre un grupo de ciudadanos extranjeros que intentaban regularizar su situación legal en España mediante solicitudes de residencia por arraigo.
A los investigadores les llamó la atención que se aportaban como domicilios distintos pisos de la provincia de Granada, entre ellos en La Zubia, mientras que los contratos u ofertas de empleo se situaban en diferentes municipios de la provincia de Almería. Además, la misma persona era quien presentaba las documentaciones ante las diferentes administraciones locales y la misma asesoría, situada en el litoral granadino, era la encargada de realizar los trámites.
Seguidamente, los agentes comprobaron la existencia de una organización de marroquíes que estarían dedicados a captar a extranjeros asentados en Almería a quienes, previo pago de unos 4.500 euros, les ofrecían empadronamientos ficticios en la provincia de Granada y tramitarles falsas ofertas de empleo a través de varios empresarios asentados en Almería. Todo ello gestionado a través de la misma gestoría.
Las pesquisas de los policías también revelaron que tanto los empadronamientos como las
ofertas de trabajo eran simulados y que los verdaderos lugares de residencia de estas personas se encontraban en Almería; así como que la mayoría de ofertas de empleo eran ficticias, no llegando a trabajar nunca en las empresas reseñadas.
El asunto de los falsos empadronamientos se resolvía contactando con ciudadanos españoles residentes en distintos pueblos de Granada, entre ellos en La Zubia, inquilinos reales de estas viviendas, a quienes la organización entregaba dinero a cambio de que inscribieran como residentes a los marroquíes en situación irregular. Estos nunca residían en las mismas, aunque sí fingían convivir cuando los trabajadores sociales de las entidades locales hacían las comprobaciones sobre la veracidad de las residencias.
Pagaban entre 30 y 50 euros por los traslados
La organización contactaba con los trabajadores sociales de los ayuntamientos y el día que acudían al domicilio ya había trasladado, desde Almería, al supuesto residente marroquí, previo pago de entre 30 y 50 cada vez que realizaban los traslados entre las dos provincias. Acto seguido, el traslado del inmigrante se realizaba hasta el litoral granadino donde la asesoría tramitaba la solicitud de la tarjeta de residencia por arraigo y la oferta de trabajo.
En algunas ocasiones, el empresario que les proporcionaba la oferta de empleo no recibía contraprestación económica, pero les descontaba una cantidad de su sueldo, ya de por sí escaso, y además les obligaba a pagarse sus seguros, con lo que prácticamente trabajaban de forma gratuita.
Consentir la inscripción de un ciudadano extranjero en el padrón municipal por parte del titular de una vivienda, cuando la misma no constituye el domicilio real de extranjero, "favorece principalmente a las mafias que se benefician de la inmigración ilegal", tal y como ha señalado la Policía Nacional. Además, es una "infracción calificada como grave" por el artículo 53.2 d) de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, pudiéndose castigar con multas desde los 501 hasta los 10.000 euros. Asimismo, si se realiza esta conducta con ánimo de lucro, podría ser un delito o como mínimo una infracción muy grave castigada con multas de 10.001 euros hasta los 100.000.
Los agentes continúan investigando la posible participación en la trama de una decena más de personas, entre ciudadanos extranjeros y empresarios.
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Buen día!!!
Es una pena que los inmigrantes tenga que recurrir a estos mecanismos para regularizar su situación, pero la Comunidad Europea y este gobierno de hipocresía, nos les dejen otra opción,
Con el gobierno o anterior lo tenían mucho más fácil