miércoles 2 diciembre
AGROALIMENTACIÓN  |   | E.P.

Organizaciones agrarias plantean la retirada del pepino frente a la crisis de precios

Las altas temperaturas han provocado un aumento de la producción que, unido al cierre del canal de hostelería y otras problemáticas de mercado, han motivado la caída de la demanda

Agricultores arrojan pepinos, pimientos y berenjenas por los bajos precios. Foto: Coexphal

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, junto a Ecohal y Cooperativas Agroalimentarias de Granada, han propuesto este miércoles la retirada de producto frente a la crisis de precios del pepino, después de días de seguimiento de la crisis que le afecta.

Estas organizaciones han explicado que han mantenido encuentro para buscar soluciones inmediatas a los precios en origen "ruinosos", que están poniendo al límite a miles de explotaciones agrícolas en las provincias de Granada y Almería.

Las altas temperaturas han provocado un aumento sustancial de la producción de pepino, que unido al cierre del canal de hostelería, restaurantes y cafeterías, y otras problemáticas de mercado, han motivado la caída de la demanda y, por tanto, de las cotizaciones "en el momento más álgido de la campaña".

"El agricultor está percibiendo 15 céntimos/kilo, mientras que el coste de producción supera los 35 céntimos/kilo y al consumidor le cuesta más de 2,15 euros/kilo", han señalado las organizaciones agrarias. Con estas cifras, los agricultores afrontan a diario "graves pérdidas" y acumulan "un fuerte endeudamiento desde el inicio de la campaña".

Frente a esta situación, estas organizaciones han propuesto realizar una retirada de producto ordenada y acordada por el sector en su conjunto, con el objetivo de "ajustar la oferta a la demanda del mercado de manera eficaz". La medida se llevaría a cabo en el momento de la entrada del producto a cooperativas y alhóndigas, con la mayor transparencia para los agricultores.

"Trabajamos desde la unidad de acción por la rentabilidad de nuestras explotaciones, queremos precios justos y sostenibles para nuestros agricultores. Un menor volumen de producto puede revertir esta crisis y propiciar una recuperación del mercado tan necesaria", han destacado las organizaciones, quienes han subrayado la necesidad de instrumentos eficaces para "combatir estos desplomes periódicos en las cotizaciones de pepino y otros productos hortofrutícolas, especialmente en momentos críticos como el actual debido a la crisis del covid".

Las organizaciones trasladarán a la administración la gravedad de esta situación que atraviesan los agricultores granadinos y almerienses, solicitando apoyo económico y logístico para realizar las retiradas "de manera eficaz", además de pedir su implicación para corregir "la inoperancia de las medidas de gestión de crisis previstas en la normativa europea".

En paralelo, los representantes del sector agrario granadino denuncian la diferencia abismal entre los precios que percibe el agricultor de pepino y lo que paga el consumidor por esta hortaliza en los lineales de compra (2,15 euros/kilo).

En muchos casos, este diferencial supera el 1.400%, resultando a su parecer "totalmente abusivo". Una vez más, el sector reivindica mayor control y sanciones contra las prácticas especulativas realizadas por la gran distribución que pueden acabar con el tejido productivo de nuestra provincia.

También exige a las administraciones competentes que controlen la masiva entrada de producto de terceros países, especialmente Marruecos, "sin cumplir los protocolos establecidos con estos países en las condiciones de cupo y de precio".

"Es una irresponsabilidad mayúscula que año tras año venimos sufriendo, mientras que las administraciones miran para otro lado", han denunciado los representantes. El sector también exige un mayor control de las empresas que importan producto de terceros países, etiquetándolo para su comercialización con origen nacional.

Asaja, COAG, UPA, junto a Ecohal y Cooperativas Agro-alimentarias de Granada están manteniendo los contactos oportunos con las organizaciones almerienses para llegar a un acuerdo conjunto de ambas provincias que permita realizar la retirada de producto "de manera ordenada y conseguir el efecto deseado en el mercado".

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