viernes 29 marzo
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Piden cárcel para dos promotores acusados de estafar a siete personas con la compraventa de pisos

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, los hechos se remontan a los meses de noviembre de 2005 y junio de 2006

La Fiscalía de Granada ha solicitado cuatro años de prisión para dos promotores acusados de estafar más de 190.000 euros a seis personas con la compraventa de pisos, cocheras y bajos en un terreno en Íllora del que no eran propietarios, y para lo que no tenían proyecto alguno.

Se trata de Antonio S.H.M. y de Antonio P.J.M., a los que se les atribuye un delito continuado de estafa, por el que serán juzgados el próximo 11 de junio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, los hechos se remontan a los meses de noviembre de 2005 y junio de 2006, cuando los inculpados, actuando en nombre y representación de la Sociedad Promociones Inmobiliarias Sapean S.L., con domicilio social en Íllora, "en ejecución de un plan preconcebido", suscribieron varios contratos de compraventa con los perjudicados.

Para ello, y con el fin de "obtener un beneficio patrimonial injusto", produjeron "engaño suficiente" para producir el error en los afectados, que confiaron en sus "promesas" y les entregaron entre 3.000 y 117.197 euros, en total 191.142,54 euros.

Para recibir esas cantidades, hicieron constar en las escrituras privadas de compraventa que la empresa era dueña del sueño en que se iban a construir los pisos, cocheras y bajos, en la calle Fábrica de la localidad, cuando "lo cierto y verdad" es que tal propiedad no existía en el momento de suscribir los contratos ni después, ni había registrado proyecto alguno sobre tal construcción, ni siquiera informe técnico de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio sobre los cambios de uso del terreno.

Por ello, y según alerta el fiscal, las obras nunca podrían haberse realizado, a pesar de lo cual los acusados ni se lo comunicaron a los perjudicados, tal como se habían comprometido, ni procedieron a la devolución del importe recibido, sino que lo incorporaron a su patrimonio tal como habían "planeado".

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