Piden penas de hasta cinco años de cárcel para tres acusados de usurpar cuentas bancarias
Para pagar, con la intención de recuperar el dinero, las compras a una empresa ubicada en el Polígono Asegra de Peligros
La Fiscalía de Granada solicita penas de hasta cinco años de prisión para tres acusados de adquirir pedidos por valor de 42.823 euros a una empresa a la que pagaron a través de cuentas bancarias domiciliadas en el extranjero sin el consentimiento de sus titulares.
El Ministerio Público les atribuye un delito de estafa, por el que pide para ellos penas de dos años de prisión, o alternativamente un delito de blanqueo de capitales, por el que eleva la petición de cárcel a cinco años y solicita también multa de 128.472 euros.
Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, los hechos se remontan a marzo de 2014, cuando uno de los acusados, Collins O., de nacionalidad nigeriana y en situación irregular dentro del territorio nacional, se desplazó a una empresa situada en el Polígono de Asegra en Peligros.
Tras acordarlo con los otros dos acusados, se mostró interesado en adquirir ciertos productos de la empresa por los que tramitaron un presupuesto de 36.380 euros y acordaron el pago por adelantado mediante transferencia bancaria.
Unos días después, la empresa recibió una transferencia de 36.563 euros procedentes de un banco suizo que había sido cursada por otras personas sin que lo supiera el verdadero titular de la cuenta, un ciudadano con domicilio en Suiza que no tenía nada que ver con los acusados.
La empresa, que desconocía la actividad ilícita, aceptó el pago y accedió posteriormente a aumentar el presupuesto a otros 6.260 euros por los que recibió en días posteriores otra transferencia desde una cuenta de la República Checa. El titular de la cuenta era una empresa con domicilio en este país y también desconocía la operación.
Días más tarde, el acusado se personó de nuevo en las oficinas de la empresa solicitando la entrega de 4.900 euros a cuenta de las dos transferencias con las que se había adelantado el dinero de los pedidos, a lo que la entidad accedió al desconocer las circunstancias.
Regresó a la empresa más tarde para pedirle que se anularan los pedidos y se le devolviera todo el dinero, pero ésta se negó al estar alertada de lo ocurrido.
Ante esta negativa, los otros dos acusados, también naturales de Nigeria, fueron en varias ocasiones a la entidad para reclamar el dinero, lo que no consiguieron.
La empresa solicita los perjuicios derivados de los gastos que tuvo que afrontar por los pedidos del primer acusado, gastos de transporte, de almacenamiento de material, de aduanas y de cambios de otros pedidos.
Para el primer acusado, que se encuentra de manera ilegal en España, el fiscal solicita que la pena de cárcel sea sustituida por la expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada durante diez años.
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