PP y Cs acuerdan la supresión del Consejo Consultivo, con sede en Granada
La intención de ambas formaciones es que la función "será desarrollada por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía"
El PP-A y Ciudadanos (Cs) han cerrado este domingo el bloque de regeneración democrática de su acuerdo programático para el Gobierno andaluz que ambos pretenden conformar, y que contempla, entre otras medidas, la supresión del Consejo Consultivo, una reforma de la Ley Electoral y que los altos cargos de la Junta tengan "dedicación exclusiva" y no puedan cobrar dietas por la asistencia a sus reuniones.
Este bloque de regeneración democrática es uno de los tres -conformado en este caso por 23 puntos- de los que consta dicho acuerdo programático, dado que los otros dos tienen que ver con medidas de reactivación económica y fiscales, y de políticas sociales, en los que siguen trabajando los equipos técnicos de PP-A y Cs, y que se unen a las 21 medidas ya acordadas el pasado viernes para los primeros cien días de gobierno.
El acuerdo contempla además un apartado dedicado a los órganos de extracción parlamentaria, que propone "suprimir" el Consejo Consultivo, "cuya función será desarrollada por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía", así como "reformar la Cámara de Cuentas de Andalucía" para "reforzar las obligaciones de colaboración de las administraciones públicas, reducción del número de consejeros y elección a través de un procedimiento público y abierto".
'Populares' y 'naranjas' han acordado constituir "un grupo de expertos que estudie las posibilidades de redimensionamiento y de mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos por la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), así como las reformas necesarias para garantizar su profesionalidad, imparcialidad, pluralidad e independencia del poder político".
Finalmente, el acuerdo compromete una reforma de la Ley Electoral de Andalucía que incluya "una mejora de la proporcionalidad en el reparto de escaños que garantice una mayor igualdad en el voto de todos los andaluces", así como "una reducción de los gastos electorales", el "carácter obligatorio de la celebración de debates electorales" y "las garantías para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto de forma autónoma".
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