Psicólogos y médicos defienden su labor de intervención con menores en riesgo
Profesionales de Granada han recordado, a raíz de los casos de Infancia Libre, que cuando detectan una situación de maltrato o posible desamparo de un menor, tienen responsabilidad "legal y ética" de comunicarlo
Psicólogos, trabajadores sociales y médicos de Granada han recordado, a raíz de los casos de Infancia Libre, que cuando los profesionales detectan una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor, tienen "la obligación legal y ética" de intervenir y comunicarlo a la autoridad.
A través de un comunicado conjunto remitido por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada y Colegio Oficial de Médicos de Granada se defiende que la intervención con menores se realiza con un equipo técnico multidisciplinar, en la que el interés superior del menor se efectúa por profesionales cualificados y especializados.
Se han pronunciado de este modo unos días después de que una decena de padres se hayan organizado en una plataforma en Granada para emprender acciones conjuntas por la posible conexión de sus casos con los que se investigan vinculados a la asociación Infancia Libre, cuya vicepresidenta compareció el pasado 18 de junio en el Juzgado de Instrucción 9 de Granada por presunta sustracción de menores.
El colectivo de padres sostiene que en todos sus casos hay "incumplimientos reiterados del régimen de visitas y desobediencia", con informes respecto a los menores "muy parecidos" en los que se repiten incluso el nombre de profesionales que en algunos casos localizan en Granada.
No obstante, estos colectivos de profesionales han defendido que cuando detectan una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor tienen la obligación legal y ética de comunicarlo a la autoridad o a sus agentes más próximos.
Decisiones del Tribunal
Matizan que el diagnóstico social, médico, o la evaluación psicológica que realizan los profesionales a los que representan no determinan hechos probados. Es decir, que estos informes o documentos técnicos no determinan que un Juzgado o tribunal tenga que condenar o adoptar medidas de protección respecto de un menor en base exclusivamente a los informes emitidos.
"Las decisiones judiciales ni corroboran ni descalifican los informes que realizamos", agregan y advierten de que sus obligaciones profesionales no pueden verse condicionadas por consideraciones externas que perjudiquen la atención al menor.
La vicepresidenta de Infancia Libre se acogió el pasado junio a su derecho a no declarar y el Juzgado acordó como medida cautelar que la guarda y custodia de su hija esté provisionalmente a cargo de una tía paterna con niñas de su edad, primas de la menor.
