jueves 25 abril
ALBOLOTE  |   | Redacción aG

Rechazan la privatización en el control de la seguridad exterior en la cárcel de Albolote

CCOO se opone totalmente a la apuesta del Gobierno por privatizar las cárceles, porque supone mercantilizar la condena

CCOO Granada tiene constancia que, desde principios de octubre, el Centro Penitenciario de Albolote está siendo controlado por vigilancia privada en la seguridad exterior del recinto. Este es un proceso que pretende, paulatinamente, regalar la seguridad pública al lobby de la seguridad privada, vinculado en sus intereses con el Gobierno, según indica el sindicato.

"Concretamente, desde la semana pasada, diez miembros de seguridad privada vigilaban los exteriores de la cárcel, mermando la existencia de la Guardia Civil en el lugar y CCOO rechaza esta situación manifestando que la seguridad privada es más cara que la pública, al igual que denuncia el hecho de que la seguridad privada accederá a datos especialmente sensibles para la seguridad pública, sin ningún control de uso por parte del Estado".

El sindicato viene denunciando que esta acción no es un hecho aislado y responde a un intento de privatizar la mayor parte del servicio público de prisiones. Las prisiones españolas, salvo en el País Vasco y Cataluña, están viviendo la misma realidad.

El Centro Penitenciario de Albolote cuenta, a día 6 de octubre, con 1.491 internos, los cuales están custodiados por 460 funcionarios. Es decir, por cada funcionario hay más de tres internos cuando la media europea se sitúa en menos de dos internos por funcionario. Además, la inexistencia de oferta de empleo público hace que existan 25 vacantes sin cubrir. El envejecimiento de la plantilla de funcionarios que trabajan en la cárcel de Albolote también sería un factor que preocupa a CCOO. Y es que la media de edad está por encima de los 50 años.

CCOO rechaza totalmente la apuesta del Gobierno por privatizar las cárceles, porque privatizar el cumplimiento de las penas supone mercantilizar la condena y supondría alterar el mandato constitucional de reinserción social.

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