miércoles 20 noviembre
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Suspendido el desahucio de la mujer que ocupa una vivienda en zona Norte de Granada

Decenas de personas se han concentrado en apoyo a Nati, que ha mostrado su deseo de negociar la situación con la Junta, que a su vez dice que ha rechazado tres ofrecimientos

Nati (a la derecha de la imagen) celebra con sus vecinos la suspensión del desahucio. Foto: Álex Cámara

La mujer de la zona Norte de Granada que ocupa "ilegalmente" una vivienda del parque público de la Junta de Andalucía permanecerá más tiempo en el interior del inmueble ubicado en la calle Casería Aguirre después de que haya sido suspendido el lanzamiento que se iba a ejecutar en la mañana de este miércoles.

El Juzgado de Instrucción 3 ha comunicado telefónicamente al abogado de Nati que el desahucio ha quedado suspendido, por lo que ello permitirá ganar tiempo a esta mujer, con una hija menor de 12 años, para renegociar la situación con la institución autonómica, que ha asegurado mediante un comunicado que ya ha ofrecido hasta tres alternativas "que han sido rechazadas".

"Yo no tengo familia, me encuentro sola, con una hija nada más", ha asegurado Nati a los periodistas en el interior de su vivienda cuando aún quedaba alrededor de una hora prevista para que se produjera el desalojo. Acompañada de activistas de Stop Desahucios, la mujer ha permanecido atrincherada en su vivienda, donde con muebles ha bloqueado la puerta de acceso ante la posibilidad de desalojo previsto y en cuyas escaleras hasta la tercera planta se han situado decenas de personas para hacer más dificultosa la llegada de los agentes que, finalmente, no se ha producido.

Nati ha incidido que hay ocasiones en las que, aunque se viene abajo, no pensaba dejar "que ellos ganen esta batalla" que ya se prolonga desde hace seis meses a raíz de una denuncia de la Junta de Andalucía y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA): "He tenido varias entrevistas con ellos, no me niego a pagarles, una cuota que ellos me pongan, un alquiler social. La gente sabe que no soy una mujer conflictiva, no doy problemas ni jaleo, estoy buscando trabajo".

Así, antes de conocer que el desahucio había sido suspendido, se ha mostrado confiada en que la administración autonómica "se dé por vencida" y que la dejen en la vivienda que ocupa actualmente, ya que no tiene "confianza" en quienes le han asegurado que está la quinta en la lista de espera para acceder a una vivienda social. "Si tuviera otra vivienda, yo no me opongo, pero yo luché por esta que es la única que puedo darle a mi hija", ha explicado la mujer, que ha asegurado que solo tiene acceso al salario social que no comenzará a cobrar hasta el mes que viene.

"Voy a poder, no me voy a dar por vencida, se lo digo a la Junta y se lo digo a Susana Díaz, no me daré por vencida, tenga que ir donde tenga que ir esta batalla la voy a ganar, ya por mi hija, que tiene doce años", ha asegurado, al tiempo que ha acusado a la Junta de Andalucía de impulsarla a que se tenga que "tirar a la calle, cuando se supone que todos tenemos derecho a una vivienda digna".

Momento justo en el que se ha comunicado la suspensión del desalojo. Foto: Álex Cámara

Tres ofrecimientos

Por su parte, desde la Junta de Andalucía han asegurado que a la mujer de zona Norte se le ha ofrecido "hasta tres alternativas" de alojamiento y que estas "han sido rechazadas".

Mediante un comunicado, la delegada de Fomento y Vivienda, Mariela Fernández-Bermejo ha explicado que "la mujer ha rechazado estas tres alternativas que desde febrero se le han venido ofreciendo: dos alojamientos provisionales en tanto quedara libre una vivienda para ella por encontrarse en riesgo de exclusión social y una ayuda de 900 euros del Ayuntamiento para gestionar un alquiler hasta disponer de vivienda para adjudicársela por el procedimiento reglamentario".

La delegada ha puesto de relieve el trabajo realizado conjuntamente con los servicios sociales municipales, con lo que se mantiene una "estrecha colaboración" en situaciones como ésta, y ha recordado que incluso se solicitó un aplazamiento de la ejecución para buscar una solución a la ocupante ilegal.

Fernández-Bermejo ha señalado que existen hasta siete familias inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Granada, en exclusión y en grave riesgo según los informes de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que superan en puntuación a esta mujer que reside "ilegalmente" en esta vivienda.

Una vez sea recuperado el inmueble, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación procederá a entregarla a la unidad familiar en situación de mayor necesidad, según la baremación reflejada en el registro municipal de vivienda.

Con la entrega de la vivienda a quienes serán sus "legítimos adjudicatarios", continúa la nota, AVRA "da cumplimiento a la legalidad y a las normas que regulan el acceso a una vivienda pública y que no permite la ocupación por fuerza de sus inmuebles, defendiendo así a los demandantes que cumplen con todos los requisitos legales y se encuentran en una situación de más necesidad".

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