UGT denuncia el nuevo ataque del Gobierno a los empleados públicos
El sindicado pide la retirada de la enmienda del PP, que dejaría en situación de absoluta indefensión laboral a unos 500 trabajadores en Granada
UGT denuncia el nuevo ataque del Gobierno a los empleados públicos, escondido tras el aforamiento del Rey
El sindicato pide la retirada de esta enmienda que el Grupo Popular en el Senado ha introducido al Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público, aprovechando el trámite parlamentario para proceder al aforamiento de Juan Carlos I tras su abdicación. Con esta enmienda, se pretende modificar el Estatuto Básico del Empleado Público para continuar destruyendo empleo público, haciendo posible la supresión de puestos de trabajo de personal laboral y personal indefinido no fijo. Por ello, UGT, ha pedido la retirada de la enmienda, que dejaría en situación de absoluta indefensión laboral a unos 500 empleados públicos de Granada.
José Antonio Enríquez Nievas, Secretario General de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Granada, ha explicado que la enmienda del Grupo Popular, realizada a su juicio con “nocturnidad”, se centra en la amortización automática de los puestos de trabajo ocupados por personal laboral indefinido no fijo cuyo puesto no sea de necesaria cobertura y una mayor flexibilidad en cuanto a los límites temporales relativos al encadenamiento de contratos temporales en las Administraciones Públicas, instalando la precariedad laboral en la Administración Pública.
Además, explica Enríquez, "con esta enmienda el grupo Popular vulnera la Reforma Laboral que el propio Gobierno aprobó, y en concreto la Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores, que introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de que las administraciones públicas realizaran despidos objetivos por causa económica, técnica, organizativa o de producción". Ahora, apunta el ugetista, van más allá, y con esta enmienda, la administración podrá amortizar los puestos de trabajo temporal, o de cualquier otro empleado público en fraude de ley sin tener que alegar causa alguna, y abonando al despedido una indemnización de entre 8 y 12 días por año trabajado, en lugar de 20 como establece la Disposición Adicional Vigésima.
Para el representante de UGT, queda cada vez más claro que el objetivo del Gobierno con este Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público es el "adelgazamiento" de las Administraciones Públicas, con lo que esto conlleva en la cantidad y calidad de los servicios públicos prestados, poniendo en peligro nuestro Estado bienestar. Por todo ello, el representante sindical exige la retirada de dicha enmienda, que deja en situación de absoluta indefensión laboral a unos 500 empleados públicos de Granada.
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