martes 19 marzo
La Capital  |   | Redacción aG

UGT rechaza la no presencia policial en el momento de retirar vehículos por la grúa

Para el sindicato, "esta función debe desempeñarla un Policía Local, que es el que ostenta el ejercicio de la autoridad otorgado por la ley"

José María Luis, representante de la Policía Local de UGT a nivel provincial, ha manifestado el rechazo del Sindicato a la no presencia policial en el momento de la retirada de vehículos que obstaculicen el tráfico, por parte del Servicio de Grúa Municipal en el Ayuntamiento de Granada, recientemente anunciada por la Concejala de Movilidad de dicho Ayuntamiento, Telesfora Ruiz. "Esta función debe desempeñarla un Policía Local, que es el que ostenta el ejercicio de la autoridad otorgado por la ley, y porque el servicio de grúa debe ser un servicio público, y como tal debe prestarse", asegura el representante sindical.

Si dichas funciones se dejan en manos de una empresa privada, ha dicho, sin la supervisión de un Agente de la autoridad, puede que la función primordial pase de ser un servicio público a tener una función recaudatoria.

Luis señala además que al Sindicato se le ha manifestado que el trabajador del servicio de grúa necesitará para ejercer su labor  el visto bueno de un policía local,  previa visualización de una fotografía enviada vía telemática. Dicha fotografía debe ser un complemento a la labor del Agente de la Autoridad y no la prueba principal, apunta, declarando además que no se puede obviar que, dependiendo de la orientación de la fotografía, esta puede sugerir o no una infracción, como por ejemplo ocurre en un partido de fútbol con las imágenes de un "fuera de juego”.

Por ello, el ugetista entiende que se desvirtúa la labor de los policías locales de Granada capital, ya que "todo agente de la autoridad ostenta el principio de veracidad en sus actuaciones, principio del que carecen los operarios de estas empresas privadas". Y ha concluido opinando que, a su juicio, con esta medida volverán a perder,  como siempre, los ciudadanos y ciudadanas de Granada, pasando a primar los criterios económicos a la prestación de un servicio público de calidad.

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