Un abogado va a juicio acusado de quedarse con 9.000 euros de clientes
La Fiscalía considera que les que habría pedido este dinero "con la excusa de llegar, mediante pago, a un acuerdo con la entidad" que los había demandado
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto celebrar este jueves un juicio contra un abogado de 46 años para el que la Fiscalía pide tres años de prisión acusándole de haberse quedado con 9.000 euros de unos clientes, a los que habría pedido este dinero "con la excusa de llegar, mediante pago, a un acuerdo con la entidad" que los había demandado.
Así consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía y que detalla que esta entidad reclamaba, en un proceso que se seguía en los Juzgados de Motril, un total de 11.743 euros a las dos personas que "contrataron lo servicios profesionales" del ahora procesado en septiembre de 2010.
Tras recibir 300 euros como provisión de fondos, el letrado pidió la cantidad de 9.000 euros, que recibió, para el supuesto acuerdo, en dos partes, una en mano de 3.000 euros el 5 de noviembre de 2010, y otra de 6.000 euros mediante transferencia bancaria el 2 de diciembre de ese mismo año.
Según el fiscal, "el acusado actuó mendazmente y con ánimo de lucro, pues ni destinó los 9.000 euros entregados al fin para el que los recibió, ni devolvió dicho importe a sus clientes", quienes, una vez concluido el procedimiento, en octubre de 2013, "vieron cómo seguía viva la deuda que aquellos inicialmente mantenían".
Después de ser denunciado, el procesado, "en el intento de acreditar" que los 9.000 euros le habían sido devueltos a uno de sus clientes, adjuntó un escrito privado de fecha 8 de enero de 2011 a modo de "carta de pago", en que este último "reconocía haber recibido la cantidad", previa "detracción de los honorarios profesionales".
El documento supuestamente había sido "confeccionado mendazmente por el acusado falsificando él la firma" del cliente. Por todo ello, el Ministerio Público solicita para él la pena de tres años de prisión por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida, acusándolo también por una supuesta falsificación de documento privado.
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