lunes 9 diciembre
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Un juez exonera al Ayuntamiento de Dílar de pagar por el servicio de tratamiento de residuos

Considera que es una competencia “propia” de la Diputación de Granada en los municipios menores de 5.000 habitantes · La institución recurrirá al TSJA esta sentencia

Una sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Granada ha exonerado al Ayuntamiento de Dílar de pagar por el servicio de tratamiento de residuos después de que el municipio se negara a firmar el convenio “impuesto” por el Gobierno de la Diputación de Granada y decidiera delegar el tratamiento de la basura en la propia Institución Provincial, al tratarse de una competencia “propia” del ente provincial en los municipios menores de 5.000 habitantes, como así determina la Ley de Bases de Régimen Local.

Recurso de la sentencia
La Diputación de Granada recurrirá la sentencia de un Juzgado de lo Contencioso de Granada que declara que la competencia para prestar el servicio de tratamiento de residuos en municipios de menos de 5.000 habitantes es de institución provincial.
La institución provincial recuerda que el juzgado indica que la competencia para prestar el servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes es de la Diputación, pero que en ningún momento señala que sea un servicio gratuito. De ahí que la institución provincial recurra la sentencia. "Y no porque exista inconveniente en la prestación del servicio, sino porque considera conveniente un pronunciamiento del alto tribunal andaluz para que, en todo caso, unifique criterios sobre el sostenimiento del servicio, de forma que todos los ciudadanos tengan un mismo trato por la igualdad ante la ley y respeto al principio de capacidad económica e igualdad fiscal", indica Diputación en un comunicado.
La Diputación entiende que es una obligación de la Administración para con todos los ciudadanos evitar desigualdades entre ellos, especialmente por el lugar de residencia. En este sentido, la diputada provincial de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente ha señalado que sería injusto que un ciudadano no tuviera que pagar la tasa de tratamiento de residuos por vivir en un municipio de 4.999 habitantes y sí tuviera que pagar un vecino de otro municipio con 5.001 habitantes.  “El tratamiento de residuos es una tasa que ha de cubrir el coste del servicio, al igual que la recogida del servicio de basura o el suministro del agua”, ha señalado, para subrayar que sería injusto que unos ciudadanos tuvieran determinados beneficios fiscales por su lugar de residencia. De ahí, ha dicho, que la Diputación recurra la sentencia, “porque es esencial que los órganos jurisdiccionales unifiquen criterios”.

En el año 2016, el Gobierno de José Entrena al frente de la Diputación de Granada instó a los ayuntamientos de la provincia a que firmasen un convenio para la recaudación del servicio de los residuos sólidos urbanos, donde cada municipio, en función de una serie de criterios, tenía que cobrar a sus vecinos una cantidad por el tratamiento de la basura.

El pleno del Ayuntamiento de Dílar, ante las “importantes dudas legales” que se planteaban al analizar dicho convenio, decidió, apoyándose en la Ley de Bases de Régimen Local, no firmar el convenio propuesto por la Diputación de Granada. Convenio que, a su vez, ha sido declarado nulo por el Tribunal Contencioso-administrativo.

El Ayuntamiento de Dílar expuso a la Diputación de Granada en un informe las razones para no firmar el convenio, que pasaban por el hecho de que en los municipios menores de 5.000 habitantes la competencia por el tratamiento de la basura es de los ayuntamientos, pero la prestación del servicio, según la Ley de Bases de Régimen Local, es decisión del propio municipio el prestarla o no. Dílar decidió entonces no prestar el servicio y delegar las funciones en la Diputación, como una de sus obligaciones y competencias.

"Amenazas" con cerrar el paso

“La respuesta del presidente de la Diputación fue amenazarnos con cerrarnos el paso a la planta de tratamiento de Alhendín si no firmábamos el convenio, a lo que le contestamos que las puertas se las cerraban entonces a ellos mismos pues eran los obligados a prestar el servicio de tratamiento de basura en Dílar”, ha explicado José Ramón Jiménez, alcalde de Dílar.

El Ayuntamiento de Dílar emprendió entonces una batalla judicial contra el Gobierno de la Diputación ante el tribunal Contencioso-Administrativo porque “querían cobrar a los vecinos una tasa que no estaban obligados a pagarla”. “La sentencia finalmente nos ha dado la razón, tal es así que el juez basa su dictamen en el informe argumentado por el Ayuntamiento de Dílar para no firmar el convenio y presentar la denuncia contra la Diputación”, ha señalado Jiménez.

No obstante, el primer edil ha recriminado que el gobierno de José Entrena “ignora” la sentencia y sigue mandando al Ayuntamiento de Dílar liquidaciones por el servicio de tratamiento correspondientes a los años 2016, 2017 e incluso 2018. “Yo le digo al presidente de la Diputación que haga caso a la sentencia y, por favor, no nos mande más liquidaciones y asuma lo que dicta un juez”, ha apostillado José Ramón Jiménez.

Como "cobradores del frac"

Por su parte, el portavoz del grupo popular en la Diputación, José Robles, ha afirmado que esta sentencia “tumba el modelo socialista” puesto en marcha por Entrena para la recaudación del servicio de tratamiento y que “obligaba” a los alcaldes granadinos a ser “cobradores del frac” de José Entrena y del PSOE.

“La justicia establece que la Diputación no solo tiene que prestar el servicio, sino que además tiene que financiarlo en los municipios menores de 5.000 habitantes, algo que el Partido Popular ha defendido desde el principio, pero ante lo que José Entrena ha hecho oídos sordos”, ha recalcado Robles.

El dirigente popular ha lamentado que la “cabezonería” de Entrena haya obligado a municipios como Lanjarón, La Tahá, Güéjar Sierra o Dílar a “recurrir a los tribunales” para defender los “intereses del ayuntamiento, de los vecinos” y, sobre todo, decirle a la Diputación que cumpla con su “obligación y sus competencias”.

“Entrena ha ido más lejos y ha intentado machacar a los ayuntamientos que no hemos firmado el convenio, reteniendo los ingresos por otros conceptos y programas concedidos por la Diputación a dichos municipios, como obras o animadores socio-culturales, hasta que un juez ha suspendido el cobro del servicio de tratamiento o ha dado la razón al ayuntamiento en cuestión”, ha expuesto José Robles.

El grupo popular va a pedir a José Entrena que dé “marcha atrás” y pague los 1,6 millones de euros que cuesta al año el servicio de tratamiento en los municipios menores de 5.000 habitantes. “Lo tiene fácil, lo puede pagar de la partida que destina a darse bombo y platillo”.

Los populares también van a presentar una iniciativa para que se paren las liquidaciones correspondientes al año 2018, no solo a los ayuntamientos que no firmaron el convenio, sino a la totalidad de los municipios, a los que deberá devolver las cantidades cobradas en los años 2016 y 2017, que supera los 5 millones de euros.

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