martes 19 octubre
La Capital  |   | Europa Press

Una mujer, detenida en Granada implicada en la 'Operación Enredadera'

Fue precisamente empleada de Fitonovo, una de las empresas con las que mantenía relaciones el que fuera director del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con la Comandancia de la Guardia Civil en Granada, ha detenido en Granada a una mujer de 39 años en el marco de la llamada 'Operación Enredadera', una nueva fase de la 'Operación Madeja', desplegada a raíz de que los investigadores del Instituto Armado descubriesen que la empresa Fitonovo había creado una "red de contactos con funcionarios corruptos" que les facilitaban la obtención de contratos públicos de forma irregular.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación la mujer fue precisamente empleada de Fitonovo, una de las empresas con las que mantenía relaciones el que fuera director del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño cuyo patrimonio personal ascendió de manera considerable y sin justificar después del concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla SA, según la Guardia Civil.

Del informe patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos, etc.). Esto ya provocó que en julio y diciembre de 2013 ya se iniciasen nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de esta empresa.

Las detenciones y registros de esta 'operación Enredadera' están teniendo lugar, además de en Granada, en Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria. Entre estas actuaciones se encuentra el registro de la Diputación de Sevilla o la detención de un jefe de Sección de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura.

A los detenidos e imputados en esta operación se les acusa de haber cometido presuntamente delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.

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