domingo 25 agosto
La Capital  |   | E.P.

Una mujer maltratada con un hijo discapacitado reclama a la Junta una vivienda "segura"

La administración autonómica asegura que la reclamante ya recibió un domicilio "adaptado a sus necesidades"

Una mujer víctima de violencia de género con un hijo discapacitado a su cargo ha iniciado acciones legales por supuesta violación de derechos fundamentales contra la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) por no adjudicarle una vivienda "digna y segura" fuera del barrio el que habita actualmente en la zona Norte, donde según afirma les han "agredido y amenazado".

En el escrito presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada, la mujer expone que ha renunciado a su actual vivienda y ha solicitado otra por entender que está "en riesgo" su seguridad y la de su hijo, que está recibiendo amenazas por su homosexualidad.

Alega que les han amenazado y agredido y les están haciendo "la vida imposible", aportando al Juzgado diversos partes de lesiones y denuncias de los hechos acaecidos.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha mostrado este miércoles el respaldo a esta madre maltratada censurando que la citada Agencia de Vivienda, dependiente del Gobierno andaluz, "no le facilite una permuta de vivienda en un entorno seguro" pese a conocer las "condiciones de especial vulnerabilidad en la que se encuentra" y el riesgo para la integridad física del joven, que ya ha sido agredido y sufre una discapacidad del 54% reconocida por la Consejería de Salud.

Según la denuncia, la Administración reconoce la existencia de peligro real para la familia, hasta el punto de que la autorizó de forma excepcional a cambiar su domicilio a la que es su vivienda actual, también propiedad de AVRA, de manera provisional hasta la concesión de una nueva que cumpliera las condiciones de seguridad para la familia.

No obstante, este domicilio se encuentra "en la misma calle y a tan solo 100 metros del anterior, por lo que las amenazas continúan", según alega la denunciante.

La asociación censura que además se le entregara en aquel momento una vivienda "en precario", que "no reunía en el momento de la entrega las condiciones mínimas de habitabilidad".

El colectivo exige que las administraciones cumplan con su obligación de velar por la seguridad, la vida e integridad física y moral de la ciudadanía, en especial de aquellas personas más necesitadas de protección.

Por ello, demanda a la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación Social que encuentre una alternativa inmediata y digna que garantice la seguridad de esta familia.

Además, el colectivo considera "esencial" amparar la seguridad de las personas titulares de contratos de las viviendas públicas frente a amenazas o expulsiones y que estos domicilios cuenten con las condiciones básicas de habitabilidad, incluyendo el mantenimiento de las zonas e instalaciones comunes. También, que se respalden las permutas de viviendas adecuadamente motivadas, utilizando criterios transparentes.

"Ya fue trasladada"

Por su parte, la Junta afirma que la mujer ya fue trasladada, por la misma causa, en febrero del pasado año. El traslado se produjo después de que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) "recuperara una vivienda que se ajustaba a sus necesidades y con visto bueno de los Servicios Sociales municipales que valoraron su situación", según precisa en una nota la Junta de Andalucía.

La denunciante y su hijo, que tiene una discapacidad, son usuarios del parque público de AVRA desde que en 2011 firmó contrato por el que se le adjudicaba una vivienda en arrendamiento. Tres años después, en julio de 2014, solicitó cambio a otra vivienda, alegando que se sentían amenazados por un vecino del bloque.

Cuando la agencia tuvo a su disposición una adecuada a las necesidades de la unidad familiar, se le ofreció y ella lo aceptó, "pese a que se encontraba en la misma promoción, aunque en un edificio distinto".

El cambio de vivienda se produjo en febrero de 2016, momento en el cual la inquilina firmó un reconocimiento de la deuda que en ese momento tenía contraída con AVRA por impago de las rentas y un compromiso de abono progresivo de la misma.

Meses después de firmar el contrato de esa nueva vivienda, que según la Junta se le entregó en perfectas condiciones y que se adaptaba a sus necesidades, la inquilina volvió a pedir traslado a otra, por los mismos motivos: "amenazas y situación de inseguridad para ella y su hijo".

La agencia afirma que trata de atender estas situaciones en la medida de sus posibilidades, pero son muy pocas las viviendas que se van recuperando frente a las necesidades planteadas, tanto por peticiones de traslados como sobre todo, por la lista de demandantes en riesgo de exclusión social existente en el registro municipal.

Defienden que en el proceso de adjudicación de viviendas que van quedando libres se "respeta escrupulosamente el orden establecido por la baremación que hacen los Servicios Sociales del Ayuntamiento" y, por ello, el traslado solicitado por esta mujer será atendido cuando "habiendo una vivienda libre que se adapte a sus necesidades, le corresponda en función del informe social".

Advierte la administración en este sentido de que "no se pueden hacer excepciones habiendo otras familias que en opinión de los Servicios Sociales tengan necesidades más perentorias de vivienda".

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