Una subvención de 1,2 millones de euros refuerza los servicios sociales comunitarios de Granada
Estos fondos permiten garantizar el correcto funcionamiento del sistema y el desarrollo de las competencias, especialmente en materia de dependencia
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha aprobado la distribución de un crédito de 1.243.801 euros para el refuerzo, durante 2022, de los servicios sociales comunitarios de las entidades locales en la provincia de Granada.
Estos fondos, aprobados ya en Consejo de Gobierno, "nos permiten garantizar en el nuevo año el correcto funcionamiento del sistema y el desarrollo de las competencias que asumen las corporaciones locales de Andalucía, especialmente en materia de dependencia, así como dar continuidad a las distintas medidas puestas en marcha, sobre todo después de que se hayan bloqueado unos presupuestos que contemplaban una inversión histórica para las políticas sociales en nuestra comunidad", ha resaltado en una nota de prensa este viernes el delegado territorial de Igualdad de la Junta en Granada, Manuel Montalvo.
Así, se ha considerado fundamental mantener este importe en el ejercicio 2022 para lograr una atención más ágil a las personas cuyos expedientes están en tramitación en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía y consolidar de esta manera el giro en el modelo de atención a la dependencia impulsado desde la Consejería de Igualdad.
Es "un cambio que ha permitido alcanzar el mayor número de personas beneficiarias en la comunidad, más de 250.000, y elevar la cantidad de las prestaciones percibidas por encima de las 344.000", ha señalado el delegado.
Los servicios sociales comunitarios son los recursos de proximidad más cercanos a la ciudadanía y, por tanto, constituyen la puerta entrada a las distintas prestaciones del sistema público orientadas a la población más vulnerable, como las ayudas económicas familiares, los equipos de tratamiento familiar, el servicio de ayuda a domicilio o la renta mínima de inserción social. "Estos son un elemento clave de la estructura de prevención y atención al más de millón de andaluces y andaluzas que sufren marginación, pobreza o exclusión social. De ahí, la necesidad de que cuenten con una correcta y adecuada financiación", ha explicado Montalvo.
En este sentido, desde el comienzo de la legislatura en 2019, se ha destinado al refuerzo de los servicios sociales comunitarios para la atención a la dependencia en la provincia de Granada casi 5,4 millones de euros (5.440.587,43), es decir, 795.427,43 euros más que lo destinado desde 2015 al 2018.
33.083 personas atendidas
Este esfuerzo ha permitido que sean atendidas 33.083 personas en situación de dependencia en la provincia a través de servicios y prestaciones económicas, según los datos del 31 de octubre. Durante 2021, además, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha adoptado numerosas medidas con la finalidad de agilizar los procedimientos en materia de dependencia, alcanzado máximos históricos de personas beneficiarias y reduciendo la lista de espera de personas pendientes de recibir la atención que precisan por su situación de especial vulnerabilidad.
Esta distribución de crédito se realizará entre los ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales. Los gastos que se financian son los correspondientes al personal encargado de informar y orientar a las personas interesadas sobre los trámites del procedimiento y las condiciones de acceso a las prestaciones de atención a la dependencia y de la elaboración del informe social y propuesta de Programa Individual de Atención, tanto en trámite inicial como de revisión.
Para ello, el personal cuya contratación es financiada con cargo a este acuerdo contará con la titulación de Asistente Social o diplomatura en Trabajo Social. Excepcionalmente, una vez cubiertas las necesidades en el ámbito social y previa conformidad de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, las entidades locales podrán contratar o mantener la contratación de personal administrativo con cargo a este acuerdo.
Las entidades locales deberán destinar los fondos a la finalidad prevista, garantizando el desarrollo de las competencias que se asumen en la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema. Por otro lado, el acuerdo establece un seguimiento y control del importe financiado "de forma concreta y transparente".
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