Una veintena de detenidos en Granada en una operación contra el fraude a la Seguridad Social
La actuación ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada en virtud de una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial
Agentes de la Policía Nacional junto con el Servicio de Empleo Público Estatal en Granada (SEPE) y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, han desarrollado un operativo contra el fraude a las prestaciones de cobro indebidas mediante la comunicación de altas y bajas en el sistema de la Seguridad Social, sin cotización alguna.
Por el momento, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, han sido investigadas un total de 27 personas, de las que 22 han sido detenidas en Granada, Motril, Almendralejo, Málaga y Sevilla, no descartándose nuevas detenciones de residentes en otras provincias o comunidades autónomas.
La operación la iniciaron agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Granada en julio, tras ser ordenada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada.
En un primer momento, las pesquisas se centraron en Granada donde han sido detenidas 22 personas entre ellas el empresario autónomo y 21 de los supuestos trabajadores que habrían sido dados de alta de forma ficticia.
Posteriormente, abarcó otros municipios y provincias como Motril, donde ha sido investigado otro supuesto trabajador de la trama investigada, Almendralejo, Málaga y Sevilla, no descartándose nuevas detenciones o investigaciones contra otras cuatro personas que residen en otras provincias o comunidades autónomas.
Según se desprende de la investigación los denunciados habrían simulado una relación laboral inexistente con la finalidad de obtener prestaciones por desempleo o de otra índole (prestación contributiva, maternidad, incapacidad temporal, plan prepara), indebidas, mediante la comunicación de altas y bajas en el sistema de la Seguridad Social, sin cotización alguna y con el único fin de obtener la carencia necesaria para el disfrute indebido de los referidos derechos y prestaciones.
Se estima que, tras la comisión de estos ilícitos penales, el fraude total relativo al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social ascendería a unos 400.000 euros.
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