Unidad Popular Granada reclama una ley de suministros mínimos para acabar con la pobreza energética
La formación critica el "oligopolio" de las grandes compañías hidroeléctricas, y defiende que el Gobierno tiene "legítimo deber de avanzar hacia la nacionalización de este tipo de empresas"
Los candidatos de UP-IU durante la celebración del acto contra la pobreza energética que ha tenido lugar este martes. Foto: aG
UP-IU ha realizado un acto contra la pobreza energética, que, según denuncian sus candidatos, padecen dos millones de personas en España.
El candidato de UP-IU, Diego Castillo, ha mantenido que miles de familias en Granada padecen “una auténtica situación de emergencia social”, un contexto que, apunta, es extrapolable al resto de Andalucía y de España. Como datos, Castillo ha lamentado que existen 3,7 millones de parados que no perciben ninguna prestación, y, en referencia a cortes de luz por cuestión económica, “600.000 familias se quedaron el año pasado sin luz, de las que 17.000 eran granadinas, mientras las empresas eléctricas tuvieron tres millones de euros de beneficios solo en el primer semestre”, dice Diego Castillo, y añade que “Andalucía es la primera región en índice de pobreza energética”.
El candidato de la coalición ha criticado que “frente al despilfarro energético que tendrá lugar en las próximas fechas navideñas, el 38,6% de los andaluces tiene dificultades económicas para poder calentar su hogar”. Para UP-IU la próxima legislatura tiene que estar centrada en “corregir la catástrofe social que han supuesto las medidas del PP, y las consecuencias de una crisis-estafa cuyo origen son precisamente las políticas neoliberales”. El programa de emergencia social planteado desde UP-IU contempla una ley de suministros mínimos vitales, “que impida que ninguna familia pueda quedarse sin luz, agua o gas en su casa por falta de recursos”. Otra de las reivindicaciones principales es un plan de empleo garantizado, y una renta básica para todas aquellas personas que no puedan acceder a un puesto de trabajo.
UP-IU mantiene que quiere “un nuevo país con un cambio radical del modelo productivo, y que este venga determinado por parámetros de garantías sociales y ambientales”. Castillo defiende que “frente al expolio de lo público y el apoyo a los grandes capitales para obtener el máximo beneficio a costa de los trabajadores y de los ciudadanos, desde Unidad Popular proponemos la recuperación de servicios públicos”. En este capítulo, la coalición entiende que se debe asegurar el carácter público de la propiedad y la gestión del agua, “y que el gobierno central tiene no solo legítimo derecho sino deber de actuar en beneficio de la mayoría”.
Según recoge el programa electoral de la coalición, “en la línea de avanzar hacia la nacionalización del sector energético, haremos una apuesta por un sistema sostenible, favoreciendo las energías renovables”.
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