UPyD de Churriana gana un contencioso al Ayuntamiento por vulnerar su derecho a participación
La concejala López Soto interpuso el referido recurso al considerar vulnerado su derecho tras pedir reiteradamente, sin éxito, los expedientes relativos a los contratos indefinidos y menores de servicios y suministros
La concejala de UPyD en el Ayuntamiento de Churriana de la Vega, Adela López Soto, ha mostrado su satisfacción al conocer la sentencia dictada por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Granada, en el recurso interpuesto por ella y tramitado por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales.
La sentencia, que ha estimado íntegramente la demanda contenciosa, condena al Ayuntamiento a que facilite a la concejala de UPyD, en el plazo máximo de dos meses, el acceso a los expedientes relativos a todos los contratos de trabajo indefinidos que la Corporación hubiera concertado durante los años 2.011 y 2.012, y los relativos a contratos menores de arrendamientos de servicios y de suministro celebrados también en dicho periodo, y le condena también al pago de las costas procesales.
López Soto interpuso el referido recurso al considerar vulnerado su derecho a la participación política después de pedir reiteradamente, sin éxito, durante casi dos años, que se pusiera a su disposición para ser examinados los expedientes relativos a los contratos de trabajo indefinidos y contratos menores de servicios y suministros celebrados en los referidos ejercicios. El Juez le da la razón y declara en la sentencia que “la información solicitada es necesaria para el desarrollo de la función de fiscalización y control de los órganos de gobierno de la Corporación Local y la negativa a facilitarla no está justificada, por lo que debe entenderse vulnerado el derecho fundamental invocado a la participación política”.
En la sentencia, que también se recoge la doctrina del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo sobre el contenido del ejercicio del derecho a la participación política consagrado en el art. 23 de la Constitución, le recuerda a la Corporación que la “información solicitada por la Concejala es necesaria para comprobar si los integrantes de la Junta de Gobierno Local han cumplido con su obligación de transparencia en la gestión de los asuntos públicos de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia con el objetivo de satisfacer el interés general y con la obligación de gestionar y conservar adecuadamente los recursos públicos”.
Según la concejala de UPyD, “desde el inicio de esta legislatura hemos solicitado continuamente la adopción de medidas de transparencia, como las de reflejar en la web municipal la actividad municipal, especialmente lo relacionado a presupuestos, contratos, subvenciones, empleo, etc”, con el fin de informar a los ciudadanos del modo en que los responsables políticos gestionan los recursos públicos, pero siempre nos hemos encontrado con la frontal oposición de la mayoría absoluta del PP”.
Para UPyD tales medidas son fundamentales porque contribuyen a regenerar la democracia y a evitar la corrupción, hoy tan generalizada desgraciadamente. Y ha sido precisamente la opacidad y la obstaculización por la alcaldía de las funciones control y fiscalización que corresponden a la oposición, la que ha obligado a UPyD a acudir a los tribunales en defensa de la transparencia. “Estamos demostrando que existe otra forma de hacer política, los churrianeros tienen derecho a saber exactamente qué están votando”.
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