60 millones y la política del mono
Que se sepa, según se ha publicado, el PSOE y el PP han “pedido” 60 millones de euros a las entidades bancarias, 30 cada uno, para hacer frente a los gastos de las próximas elecciones. El hecho de la “solicitud a cuenta” del resultado no ha sido desmentido por ninguna de las formaciones políticas beneficiarias, por lo que, hay que concluir que es cierto. En el mismo sentido, Ciudadanos, aunque este partido aún no ha concretado la cantidad exacta. Por el contrario, Unidas Podemos, que se financia de los microcréditos que aporta la gente, se niega a pedir préstamos a la banca, sencillamente porque esa dependencia de los partidos en cuestión es una renuncia a la autonomía que toda organización democrática debe tener respecto de los agentes y corporaciones financieras y económicas.
El derrumbe del Banco Popular (comprado por el Banco Santander por 1 euro), que fue una de las entidades que tradicionalmente ha financiado a dichos partidos, ha llevado a estos a hacer esfuerzos de imaginación de nuevas fórmulas para agasajar a la banca para evitar, de la misma, una posible actitud displicente. Así, el PP no se arrenda en ofrecer pagar dicha deuda en cuanto reciba el dinero por los resultados electorales, muy seguros deben estar del desenlace electoral, la cuestión es que va a pasar si no se cumplen las previsiones, pero están tranquilos, pues está el precedente de que los bancos perdonaron deudas a los partidos incumpliendo la obligación de que esos acuerdos de condonación llegaran al Banco de España, sin que este, recibiera la información debida por el perdón de la deuda.
Según datos publicados (eldiario.es), en el año 2017 el PP debía 24,8 millones, el PSOE 40 millones y Ciudadanos asegura que ya sólo debía unos 7.000 euros a entidades de crédito.
Pues bien, esto llevado al terreno práctico, significa que ninguno de esos partidos será capaz de afrontar las reformas legales que las familias y sus hijos, las personas, necesitamos para tener una vida digna y un futuro más cierto, de hecho no debería ser legal que los partidos políticos financien la campaña electoral con créditos bancarios, para ello, hay que reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Las deudas millonarias a los bancos, comprometen y supeditan la independencia de esas organizaciones políticas cuando alcanzan el Gobierno de España, o de alguna Comunidad Autónoma o de un Ayuntamiento, como lo estamos comprobando en nuestra ciudad donde las personas que encabezan las candidaturas municipales de esos partidos tienen como prioridad pagar a la banca, en vez de a los pequeños proveedores que ya acumulan más de un año de retraso en el pago de sus facturas, por poner un ejemplo.
Si a lo anterior, le unimos la táctica política del mono, que es cuando una persona que se dedica a la política que ya tiene un cargo público no lo suelta si antes no tiene asegurado otro, sino puede conservar los dos. Es como el mono, que no suelta una rama hasta que no tiene sujeta otra, un ejemplo reciente es el caso del candidato a la Alcaldía por Ciudadanos. Nos encontramos que, además, la política se convierte en profesión, en sistema de vida, en no querer volver al trabajo de origen.
Esa resistencia tiene como resultado una doble dependencia y un beneficio a futuro, la del partido que para ganar unas elecciones no necesita a personas voluntarias y motivadas para conseguir esa legítima finalidad democrática, para eso acude a la banca, a las grandes corporaciones, que luego reciben el pago mediante la adjudicación de contratos públicos y la privatización de servicios públicos. La segunda dependencia, es que esa persona que hace de la política su trabajo es como un tapón de alberca, que pudre el agua al no posibilitar la renovación de la misma, para luego finalmente, si llegado el caso esa persona por avatares de su vida profesional política esta se acaba, entra en juego la puerta giratoria (el beneficio). Así funciona el cotarro.
Pero, ese es el sistema que rechaza Unidas Podemos, por eso, las personas de Granada, tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, facilitando que al Gobierno de la Ciudad accedan personas que no tengan esas dependencias y esos indignos beneficios y sean libres para gobernar sin ataduras e iniciar el camino de rescatar Granada para la gente.
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