Ahora sí y más que nunca: pacto de Estado contra la violencia de género
Pasaban las 19 horas del pasado domingo cuando se confirmaba la noticia: Josefa, la mujer de Guadahortuna que horas antes había recibido dos balazos por parte de su marido, fallecía en el hospital. Él la mató a ella en un nuevo e insoportable caso de violencia de género. Y tras ella, y en menos de 24 horas, dos mujeres más fueron asesinadas por sus parejas en Badalona y O Porriño.
Por ellas tres y por las más de mil mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2001, nada puede ser más urgente para el conjunto de la sociedad que activar todas las acciones posibles para acabar con la violencia de género. Al Gobierno de España, con la cooperación y colaboración del resto de administraciones del Estado, le corresponde desarrollar las 214 actuaciones propuestas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Actuaciones que el anterior Gobierno no puso en marcha de manera inconcebible e inexplicable.
Y es que, con la puesta en marcha de las actuaciones contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se contribuiría sin duda a provocar un cambio cultural que hiciese que nadie tolerara la violencia hacia las mujeres. No olvidamos que las leyes o la distintas medidas o actuaciones, independientemente de donde queden plasmadas, no cambian por si solas las realidades, pero ayudan y mucho, y sobre todo cuando en materia de violencia de género se cuenta con la implicación de infinidad de agentes sociales. Solo hay que recordar el pasado 8 de marzo.
Hay que decir que el Pacto contra la Violencia de Género tiene gran parte de su origen en el papel, siempre activista, de mujeres andaluzas cuyas reivindicaciones fueron canalizadas por el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres de la Junta de Andalucía y plasmadas en un documento. Un documento, con propuestas hechas por tanto desde Andalucía, que fue remitido al Gobierno Central y que sirvió de base para empezar a trabajar en la Subcomisión que se creó para la elaboración del Pacto de Estado.
Una Subcomisión en la que el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho importantes propuestas que han sido debatidas, defendidas y negociadas con la intención de buscar el consenso por parte de todas las personas que formaban parte de la Subcomisión.
Pero el papel desarrollado por el Grupo Parlamentario Socialista ha sido también decisivo en dos sentidos:
Por un lado, por hacer posible que, en los actuales Presupuestos Generales del Estado, los del 2018, se contemplaran definitivamente los 200 millones de euros (frente a los insuficientes 80 que propuso el Gobierno del PP) para permitir la aplicación del Pacto acordada para este año. Fue el Grupo Parlamentario Socialista el que logró, a través del impulso de una enmienda que fue firmada por el resto de grupos en la oposición, la dotación en los PGE de los 200 millones acordados en la Subcomisión. Porque como dice el propio texto del Pacto contra la Violencia de Género “ninguna de las medidas contempladas puede ser eficaz si no cuenta con el respaldo presupuestario suficiente”.
Y, por otro lado, por conseguir que parte de ese presupuesto fuera para financiar a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos porque no se puede olvidar que la autonómica y la local siguen siendo las administraciones más cercanas a las víctimas y es que estas eran las destinatarias de los 120 millones de euros que el PP eliminaba de su propuesta de presupuestos.
Y si hay una prueba clara de que el compromiso del PSOE con la igualdad entre hombres y mujeres y por tanto contra la violencia de género no solo “fue”, sino que “es” absoluto, basta con hacer balance de los algo más que gestos que han tenido lugar desde que la moción de censura dio lugar a un Gobierno Socialista. Destacar así la composición un gobierno con récord mundial de ministras, además de recuperar el Ministerio de Igualdad y ubicarlo en la Vicepresidencia del Gobierno cuyo principal reto es el de poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y sobre el que ya hay una actuación en marcha: una Proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de formar a jueces y juezas con perspectiva de género.
Por ello, ahora sí (por la llegada de un Gobierno Socialista) y más que nunca (porque es insoportable la cifra de mujeres maltratadas y asesinadas), es necesaria la aplicación de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Olga Manzano
Parlamentaria andaluza del PSOE por la provincia de Granada
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