Cervantes: la reforma de una avenida y la defensa de un barrio
La inauguración de la reforma de la Avenida Cervantes ha reabierto en Granada un debate de fondo que va mucho más allá de una obra urbana concreta. Lo que está en discusión no es solo el diseño final de una calle, ni la estética de una remodelación, ni siquiera la oportunidad política de un acto institucional. Lo que se está discutiendo, en realidad, es qué modelo de ciudad se quiere construir, qué lugar ocupan los barrios en esa idea de ciudad y hasta qué punto la voz del vecindario cuenta de verdad cuando se toman decisiones que afectan al paisaje urbano, al comercio de proximidad, al arbolado y a la vida cotidiana.
La inauguración de la remodelación de Cervantes no fue un acto sobrio ni integrador, sino una puesta en escena “sobredimensionada” y orientada a proyectar una imagen de respaldo unánime a una actuación que ha sido muy contestada por una parte significativa del vecindario, que ha incluido una instrumentalización política de la infancia con la presencia de menores de centros educativos durante el acto.
Vuelve a aflorar una percepción cada vez más extendida en los barrios de Granada: la de que determinadas inauguraciones y anuncios del gobierno municipal del partido popular se plantean más como escenificaciones políticas que como ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Y ese malestar no surge de la nada. En el caso de la Avenida Cervantes, el conflicto ha acompañado a la obra desde sus primeras fases, con protestas vecinales relacionadas con la tala de árboles, el tratamiento del amianto, el modelo de intervención y el impacto general de la reforma sobre la identidad del entorno.
De hecho, si hay un dato que resume bien el fondo de este conflicto es la movilización del barrio que logró salvar 22 de los 24 árboles que la alcaldesa Marifrán Carazo pretendía eliminar. A ello se añade que esa presión vecinal hizo posible la plantación de 6 nuevos árboles y otros 4 granadillos, además de obligar a extremar las medidas de seguridad en los trabajos relacionados con el amianto. Más allá de la legítima disputa política sobre el mérito de esos avances, hay una realidad difícil de discutir: sin organización vecinal, sin vigilancia ciudadana y sin conflicto público, muchas decisiones urbanas se ejecutarían sin apenas corrección ni control social.
Ese es, precisamente, el corazón político de este episodio. Los barrios no son decorados, ni espacios neutros que puedan rediseñarse desde arriba sin coste social. Son tejidos vivos, con memoria, con relaciones cotidianas y con equilibrios frágiles entre vivienda, comercio local, arbolado, sombra, movilidad y convivencia. Cuando una intervención urbana altera esos equilibrios, no está modificando solo una calle: está tocando la forma en que un barrio respira, se relaciona y se reconoce a sí mismo. Por eso la defensa de los árboles, del pequeño comercio y del uso vecinal del espacio público no puede despacharse como una resistencia nostálgica al cambio. Es una defensa legítima del derecho a la ciudad.
Detrás de este tipo de actuaciones en espacios que requerían principalmente mantenimiento, conservación y mejoras bioclimáticas, aparecen como grandes beneficiarias determinadas empresas adjudicatarias, es el caso de Hidralia, integrada en el grupo Agbar. Esto enlaza con una idea políticamente perversa: que buena parte de las grandes transformaciones urbanas no siempre responden a una necesidad vecinal real, sino a una lógica de gasto, contrato y beneficio empresarial que con frecuencia se presenta como modernización inevitable.
Para los vecinos y vecinas de Granada, la cuestión de fondo sigue siendo muy concreta. ¿Se reforma para mejorar la vida del barrio o para construir un relato político de ciudad? ¿Se escucha antes a quienes viven, compran y pasean en la zona o se les convoca después, cuando todo está decidido? ¿Se protegen de verdad la sombra, el comercio de proximidad y la escala humana del entorno o se subordinan a decisiones ya tomadas en despachos técnicos y políticos?
La Avenida Cervantes se ha convertido así en algo más que una avenida reformada. Es hoy un símbolo de un conflicto muy actual entre poder municipal y organización vecinal, entre propaganda institucional y participación real, entre ciudad escaparate y ciudad vivida. Si algo demuestra esta polémica es que los barrios solo se preservan cuando sus vecinos y vecinas se implican, se informan, protestan y exigen respeto. En una época en que tantas decisiones urbanas se toman con lenguaje técnico y envoltorio publicitario, defender el barrio, el comercio de proximidad y los árboles sigue siendo una de las formas más concretas y más dignas de hacer política.
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