Coherencia y consistencia
Resulta descorazonar comprobar que desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada se renuncie a 9,4 millones de euros (80% del coste del proyecto) de subvención europea para un programa de formación destinado a personas en desempleo. Polémicas políticas aparte el asunto, incluso a simple vista, ya resulta decepcionante dada la existencia en la ciudad de más de 20.000 personas desempleadas y unos índices de pobreza alarmantes, incluida la infantil.
El importe del proyecto “Granada EnClave de Empleo” ascendía a 11,77 millones, subvencionado al 80% en ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE). Destinado a la formación de 1.695 personas en desempleo. Constaba de 113 itinerarios formativos de 48 especialidades diferentes. 92 de los cuales (81,4%) darían opción a obtener un certificado de profesionalidad y 21 a formación profesional sin ese certificado (18,58%).
El programa incluye ayudas para, textualmente, “la inserción de las personas más vulnerables” a través de la “cofinanciación de proyectos en el ámbito de la inclusión social, la lucha contra la pobreza y la discriminación” (BOE. 27/04/2018).
El proyecto de Granada era uno de los 32 aprobados (BOE. 19/12/2018) dentro de la Categoría de región 2C (regiones en transición), que incluía ayuntamientos como Sevilla, Motril, Roquetas de Mar, Dos Hermanas, Alcalá la Real… o Diputaciones como Granada, Málaga, Jaén Cádiz… Ninguno de los cuales ha renunciado a la subvención ni al proyecto y se encuentran en este momento en fase de implementación, con diferentes niveles de ejecución, en algunos casos incluso más retrasados que Granada. Todos están por debajo de los plazos dado que el propio Ministerio de Política Territorial, a través de su Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, ya resolvió tarde la concesión.
Contrariamente a lo que se ha dicho desde el gobierno municipal, los plazos del proyecto son ampliables. La propia resolución de 22 de abril de 2018, en su Instrucción cuarta (página 6), recoge esa posibilidad e incluso incluye en su Anexo II (página 23) un modelo de solicitud de prórroga en la ejecución del proyecto (documento DIG3).
Es cierto que el proyecto es ambicioso y exigente, como suele ser propio de las subvenciones europeas. Pero también es cierto que se acompaña de ventajas poco comunes para subvenciones públicas. Desde la posibilidad de que el Ayuntamiento pudiese justificar su aportación de 2,35 millones adicionales (20% del coste total) en especie, sin tener que poner dinero en efectivo, sino solo aportando medios propios ya existentes: personal municipal, técnico y de apoyo, o aulas homologadas, con las que ya cuenta sin tener que hacer inversión alguna. Hasta la propia forma de justificar los gastos a través de “baremos de costes unitarios” (art. 67.1.b del Reglamento (UE) nº 1303/2013). O también la posibilidad de modificar o adaptar los itinerarios diseñados.
Así el Ayuntamiento podría evitarse hacer aportaciones en dinero, dado que aportaría aulas y personal propio cuyo coste ya tiene computado en la estructura municipal y además, si fuese capaz de hacer una gestión eficaz del programa, podría compensar fácilmente cualquier exceso de costes que se pudiese producir en algún itinerario formativo con los ahorros que fuese capaz de generar en otros.
Reconocer desde el inicio que se es incapaz de ejecutar el programa y mostrar una escasa o nula voluntad de atender las necesidades de una parte importante de la población granadina, precisamente la más necesitada, renunciando a tan significativo volumen de subvención, resulta inaudito. Como decía Antonio Cambril “se acaba de inaugurar una era”.
El nivel de exigencia de resultados definía el coeficiente de subvención a recibir en función del grado de ejecución, de forma que si el resultado era muy malo, 50% de ejecución o menos, la subvención no se recibía. Desde el 50 al 65% de ejecución, la subvención se cobraba al 85%. Del 65 al 80% de ejecución suponía el pago del 90% de la subvención. Y a partir del 80% de ejecución la subvención se recibiría al 100%.
El miedo a no llegar a un mínimo de ejecución es la excusa aducida por el concejal-delegado, Manuel Olivares (C’s), apoyado por el PP, para esta renuncia al proyecto y a la subvención. A pesar de que ya se han producido una serie de gastos importantes como los del contrato de la Consultora que redactó el proyecto, la del personal técnico que lleva meses trabajando o los dos itinerarios ya ejecutados. Coste que tras la renuncia ya no se va a recuperar en ninguna cuantía.
Poca confianza han mostrado los responsables municipales en su propia capacidad de gestión. El argumento de poner en riesgo las arcas municipales no se sostiene, salvo por su propia impericia, pasividad y desidia. Y menos aún cuando al mismo tiempo se atreven a proponer la creación de una vicealcaldía, para Sebastián Pérez (PP), dotada con dos nuevos cargos de confianza.
Por su parte el alcalde, Luis Salvador (C’s), que primero dijo aceptar la propuesta de la oposición (PSOE y Podemos-IU), apoyada en una moción aprobada en el pleno, de crear una comisión que estudiara nuevos informes y escuchara los dictámenes de la propia Consultora redactora del proyecto o de otros técnicos municipales, finalmente y sin cumplir su compromiso cambia de nuevo de opinión y ratifica la renuncia al programa y a la subvención.
Lo menos que se puede esperar de nuestros gobernantes es un mínimo de coherencia y de consistencia. Aquí han faltado ambas y ha sobrado negligencia y arrogancia.
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