miércoles 14 abril
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Conquistando derechos

Dos semanas después, de mi último artículo, puedo volver a decir lo mismo: desgraciadamente la actualidad local y no tan local da para opinar sobre casos varios de presunta corrupción, pero prefiero cambiar la mirada hacia nuevas medidas útiles y susceptibles de solucionar situaciones personales y/o familiares difíciles.

Aun lo recuerdo, es más, lo recuerdo perfectamente. Estábamos en las últimas horas de la campaña de las Elecciones Generales del año 2011, y nos despertamos con una portada en el periódico El País, en la que entre arboles destacaba la imagen de un Rajoy como siempre con cara de “indolente” bajo el titular: La Dependencia no es viable.

Viable según la RAE y dicho de un asunto es: que, por sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo. Luego Mariano Rajoy nos estaba trasladando el mensaje de que iba a dejar morir el Sistema de Atención a la Dependencia. El candidato del PP advirtió en esa entrevista que recortaría en todo, salvo en las pensiones. Y así está siendo, y peor aún de lo que se esperaba porque está yendo aún más allá. Hoy, todos los pilares del Estado del Bienestar se tambalean, incluido el de las pensiones y eso que serían la excepción. Y el cuarto, el de los Servicios Sociales, que incluye la Dependencia, está ya demasiado deteriorado en cuanto a la aportación del Gobierno de la Nación.

Y me pregunto ¿es viable la dependencia y los servicios sociales? Pues depende como siempre de cuáles sean las prioridades. Un Gobierno cuyo compromiso es el Estado del Bienestar y las personas que más necesitan de las políticas que lo sustentan, nunca lo va a dejar morir (aunque le cueste mantenerlo en detrimento de otras acciones o de otras medidas que seguro también considere necesarias, pero no con la misma prioridad).

El Gobierno de la Junta de Andalucía demuestra cada día ese compromiso. Desde el PSOE consideramos que el Estado de Bienestar que se ha creado con importantes decisiones políticas a lo largo de los años y como consecuencia de haber estado gobernando en las distintas Administraciones, es el mejor de nuestros patrimonios. Y en Andalucía, en los momentos más duros de la crisis, cuando todo podría tener coartada, no solo se han mantenido las políticas sociales, sino que además se han reforzado con nuevos derechos. Nuevos derechos que están recogidos en nuevas normas que el Parlamento Andaluz ha aprobado en esta legislatura: la Ley de Servicios Sociales y la Renta Mínima, que están en pleno desarrollo, son ejemplo de ello.

La Ley de Servicios Sociales, muy esperada y ansiada, va a significar un giro muy importante en la manera de abordar las necesidades personales y sociales de mucha gente que lo sigue pasando mal. A ellas esta Ley permitirá darle un cobertura adecuada e integral por parte de las distintas Administraciones que tienen competencias en esta materia. Así, la Ley contempla un catálogo de Prestaciones a los que la ciudadanía tendrá derecho y por tanto podrá exigir, además de la creación de una Historia Social Única para que los y las profesionales y las propias personas usuarias cuenten con toda la información para elegir el recurso que le asegure la atención integral. Esto acaba con el molesto ir y venir de las personas usuarias de los servicios sociales a las Administraciones, en busca de los recursos necesarios y permite unos mismos parámetros de valoración para los más de un millón de andaluces que se acercan a los servicios sociales cada año. Se trata de crear un auténtico Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

Y entre ese catálogo de prestaciones a los que tendrán derecho las unidades familiares con determinadas situaciones, está la Renta Mínima de Inserción Social. Es un nuevo modelo de atención y cobertura social para quienes más lo necesitan, entre ellas menores, familias monoparentales o monomarentales, mujeres víctimas de la violencia de género y personas con discapacidad, que tendrán el derecho a una prestación económica a la que se le acompañará un itinerario social y laboral.

En Andalucía nacen nuevos derechos que se acompañan de nuevas oportunidades porque el Gobierno de la Junta de Andalucía es consciente de que la crisis no ha terminado para todas aquellas familias que siguen sufriendo la precariedad laboral y que necesitan tener esperanza en su futuro más inmediato.

Olga Manzano
Parlamentaria andaluza por Granada del grupo socialista

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