jueves 15 abril
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¿Cuánto nos cuesta la corrupción?

Columna Juan Lara Rubio 01

Resulta difícil sentirse cómodo escribiendo unas líneas ligadas a uno de los conceptos más empleados por el ciudadano a la hora de describir o identificar a un político en nuestro país, tal y como es la “corrupción”, dejando muy lejos lamentablemente los calificativos de “honrado”, “generoso”, “eficiente”...

En el presente artículo de divulgación nos marcamos como objetivo aproximar una cifra de coste que la corrupción política ha tenido en los últimos años, aún teniendo en cuenta que los importes que aquí expongamos pueden sufrir algún tipo de variación. Bien es cierto que, dependiendo de cual sea el medio de comunicación así como su disimulado color político, los importes serán diferentes, pudiendo éstos diferir de una manera asombrosa. Sin embargo, nuestro criterio de prudencia hará que omitamos las cifras que no se encuentren mínimamente contrastadas.

Aunque en los medios de comunicación se publiquen las más impactantes tramas de corrupción, ha de tenerse en cuenta que España ha sufrido más de 175 tramas de corrupción desde que comenzó la democracia, amén de que también se han abierto innumerables investigaciones que comprometen a gestores de entidades locales, regionales o a nivel estatal que tienen poder sobre algún tipo de presupuesto público.

Por otra parte, por término medio, cada día una media de siete personas son detenidas por estos casos, sumándose un total de 7.200 personas en los últimos 4 años, y cuyo ranking es liderado, como resulta obvio, por PP y PSOE, situando además a Andalucía en la vanguardia de casos abiertos (véase el siguiente gráfico). Bien es cierto que una gran mayoría de éstos se han debido a actos y hechos llevados a cabo hace ya varios años; sin embargo, esas delictivas gestiones han tenido su repercusión tiempo después, menoscabando las herramientas y estrategias de reacción ante situaciones económicas extremas, algo que nos ha obligado a efectuar los tan temidos recortes en las parcelas más importantes que afectan a la sociedad y a sus ciudadanos: Educación, Sanidad y Dependencia.

En adelante, las cifras que aportemos, serán expuestas en materia de tanto corrupción como de mala gestión traducida en sobre coste y duplicidad innecesaria de funciones que hace que estas cantidades se incrementen considerablemente.

Según evidencian algunos estudios que emanan de las Universidades Españolas, y apoyado por la Cámara Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), la corrupción y la nefasta gestión en la administración pública, ha supuesto una media de aproximadamente 87.000 millones de euros. Del total de esta cifra, según la CNMC, 47.600 millones se deben a los sobrecostes en la administración del estado, o lo que es lo mismo, de las irregularidades acaecidas en las contrataciones en el sector público, lo que supone un 4,5% del PIB.

Por otra parte, se calcula que un 17% sobre el total se debe al fraude a la Seguridad Social, seguido muy de cerca por la prevaricación, el cohecho y el fraude con la Hacienda Pública. En consecuencia, solamente hay que dividir la cifra total expuesta entre el número de habitantes que nuestro país tiene, para hacernos una idea de lo que cada ciudadano soporta por la mala praxis y actividad delictiva de los gobernantes que toman decisiones y que tienen en su poder la decisión sobre la finalidad de los caudales públicos.

A tenor de cuanto antecede, desde Ciudadanos se proponen medidas para tratar de erradicar estas actuaciones que tienen una repercusión negativa en todos los españoles. Éstas son:

  1. Separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial o aquel representante que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica.
  2. Exigir responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en casos de corrupción de sus cargos públicos.
  3. Prohibir que las empresas hagan donaciones a los partidos, reducir a 50.000€ las de las personas físicas y notificar al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses las donaciones mayores de 25.000€. A su vez, también prohibir las donaciones por parte de presidentes, consejeros delegados u otros directivos con responsabilidad directa o indirecta en la gestión de contratos con la Administración.
  4. Prohibir las condonaciones de los créditos bancarios a partidos políticos.
  5. Tipificar el delito de financiación ilegal de partidos políticos en el Código Penal con responsabilidad penal de los partidos políticos y sindicatos.
  6. Obligar a los partidos a publicar en su página web sus reglamentos, estatutos, cuentas, ingresos y gastos electorales, presupuestos y procedimientos de control internos, a la vez que exigirles la creación de un órgano interno anticorrupción con funciones preventivas y de control.
  7. Elegir a los candidatos mediante un sistema de elecciones primarias.

En consecuencia, tras llevar a cabo y cumplir pormenorizadamente con estas líneas, se estima que los recortes en Educación, Sanidad y Dependencia no serán necesarios llevarlos a cabo, algo que afecta de forma directa a nuestro estado del bienestar.

Juan Lara Rubio
Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada

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