viernes 23 abril
Opinión  |   |

Desmontando Granada

Sigue con paso firme el proceso de desmantelamiento de Granada hacia su total irrelevancia económica, política e institucional. Solo por señalar algunos ejemplos, primero el llamado metropolitano, una obra interminable a la que se le ha unido el debate del precio del billete y quien paga los costes de los trasbordos, la construcción desproporcionada de grandes centros comerciales y el modelo de fusión hospitalaria ha provocado el cierre masivo de establecimientos, ha destruido buen empleo y ha provocado una gran pérdida de riqueza. Segundo, la grieta a la Universidad de Granada impuesta por la deuda de la Junta de Andalucía que está provocando efectos destructores y la ruina de pequeños proveedores y de sus familias. Tercero, el aislamiento de Granada por vía ferrocarril por no se sabe qué desacuerdo entre administraciones, la cuestión es que ningún tren llega ni sale de Granada desde el 7 de abril de 2015, salvo el que conecta con Almería.

Pues bien, ahora toca desmontar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), lo que afecta a la relevancia institucional de Granada que es donde reside la capitalidad de la justicia andaluza según el artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, hecho que de materializarse significará un nuevo retroceso para nuestra ciudad que ya camina con paso firme a su hundimiento. Si Granada fuera una empresa ya estaría en concurso de acreedores dada la deuda del Ayuntamiento de Granada.

Como se sabe, se ha aprobado la implantación de la segunda instancia penal en los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Cataluña y Valencia, lo que ha conllevado la creación de secciones de apelación y la provisión de plazas de magistrados/as, que se justifica por “la extensión del territorio sobre el que recae la jurisdicción de este Tribunal y el aumento de la carga de trabajo que supone resolver los recursos de apelación frente a las resoluciones dictadas por ocho Audiencias Provinciales”. En el TSJA se crean dos Secciones y se han proveído para cada una tres plazas de magistrados.

Hasta aquí todo parece correcto. No es así, como viene siendo costumbre en Granada. A diferencia de los TSJ de Catalunya, Madrid y Valencia en los que las secciones penales se establecen en la sede del Tribunal, en Andalucía han aparecido lo que podríamos denominar “presiones localistas” que tienen la pretensión de no instalar en la sede del TSJA las citadas secciones para llevarlas a Sevilla y Málaga, en un principio así proyectado por el Ministro de Justicia, sin embargo, ahora se ha trasladado “el debate” a la Sala de Gobierno del TSJA que se reúne el próximo día 25 de abril para decidir sobre la ubicación de las citadas secciones penales, que debe enfrentarse al artículo 36 de la Ley del Poder Judicial que tiene como presupuesto imperativo la no alteración de la demarcación judicial.

Si las secciones penales no se ubican en la Sala Penal del TSJA será un nuevo golpe a Granada que la conducen con paso firme hacia la irrelevancia, un nuevo fracaso, que provocará la dispersión de criterios judiciales, la renuncia a la experiencia acumulada, al trabajo coherente, abonando la disgregación de la jurisprudencia y la desconexión de la Fiscalía Superior de Andalucía, cuya sede está en nuestra ciudad. Pero también, es la renuncia a la creación de un haber jurisprudencial que corrija los estribillos de las distintas sentencias que en primera instancia dictan las Audiencia Provinciales.

En conclusión, el TSJA debe tener una Sala Penal completa, con sus secciones, con recursos humanos y materiales suficientes, que desarrolle la esencial tarea que impone la seguridad jurídica de unificar criterios en una materia tan delicada como es la penal, más cuando todavía no está asignada la función al Tribunal Supremo de unificar doctrina.

Salvador Soler García
Colaborador Ahora Sí

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