El apagón de Granada: crónica de un colapso anunciado
El apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 no fue un suceso aislado. Fue el punto culminante de años de negligencia, intereses cruzados y una gestión cortoplacista de un sistema energético que, como parecen revelar los hechos, colapsó tras una sobrecarga en instalaciones de Granada. Aunque el Gobierno central insiste en que no hubo fallos estructurales, los vecinos del Distrito Norte de Granada llevan décadas sufriendo cortes recurrentes por infraestructuras obsoletas de Endesa, una realidad que desnuda la complicidad de autoridades municipales y autonómicas, históricamente incapaces —o reacias— a exigir responsabilidades a las eléctricas.
Los primeros indicios técnicos señalan, según la versión oficial, que el apagón comenzó con tres pérdidas críticas de generación en Granada, Badajoz y Sevilla, seguidas de una cascada de desconexiones que dejaron a España y Portugal a oscuras durante horas. Pero en Granada, especialmente en su Distrito Norte, este episodio no sorprendió. Allí, los apagones son casi rutina: en 2019, un informe de El Independiente de Granada detallaba cómo Endesa culpaba a los enganches ilegales —vinculados al cultivo de marihuana— de los cortes, mientras las instituciones se limitaban a promesas vacías y reuniones estériles. La empresa invirtió 5,5 millones en tres años, pero los vecinos siguen pagando las consecuencias de una red que colapsa ante la mínima presión.
La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que Granada con infraestructuras tan frágiles —como el cable submarino con Marruecos o pantanos al 39,7% de capacidad— soporte el peso de un sistema interconectado europeo? La respuesta está en décadas de desidia. Tanto el PSOE como el PP, en sus etapas de gobierno autonómico y municipal, priorizaron mantener buenas relaciones con las eléctricas antes que garantizar un servicio básico. Hoy, con el PP al frente, la retórica es la misma: culpar al rival político y desviar la atención de su propia inacción.
Mientras el Ministerio de Transición Ecológica descarta un ciberataque y apunta a fallos técnicos, el debate público se envenena. El PP exige auditorías europeas y el PSOE contraataca señalando a las eléctricas. Nadie asume su parte. Endesa, por su lado, sigue atribuyendo los problemas a factores externos —desde sabotajes hasta la meteorología—, ignorando que sus instalaciones en Granada carecen de la resiliencia necesaria para un sistema cada vez más dependiente de renovables.
Este circo político de los partidos PP y PSOE oculta un problema de fondo: la transición energética se ha gestionado sin abordar las debilidades estructurales. Las oscilaciones en la red detectadas por ENTSO-E media hora antes del apagón reflejan la inestabilidad de un modelo que depende de fuentes intermitentes sin respaldos suficientes. Pero en lugar de invertir en almacenamiento o redes inteligentes, las eléctricas —y los gobiernos central y autonómico— prefieren seguir explotando infraestructuras caducas, mientras culpan a las renovables de los fallos que ellos no supieron anticipar.
La agenda 2030 no es incompatible con la fiabilidad energética. Al contrario, este apagón debería impulsar medidas audaces que combinen sostenibilidad y justicia social.
El Distrito Norte de Granada es un candidato ideal para proyectos piloto de comunidades energéticas. Sistemas solares con baterías de almacenamiento —como las que fallaron en las subestaciones de Endesa — reducirían la dependencia de la red centralizada y empoderarían a los vecinos. Además, la digitalización de redes permitiría detectar y corregir fallos en tiempo real.
El apagón demostró que la conexión con Francia y Marruecos fue clave para restaurar el suministro. Ampliar estas interconexiones —priorizando fuentes limpias como la hidroeléctrica o la geotérmica— daría estabilidad al sistema sin sacrificar los objetivos verdes.
Endesa debe responder por el estado de sus infraestructuras en Granada. Multas proporcionales a sus beneficios —que superaron los 11.000 millones en 2024 — y la obligación de reinvertir en mejoras contribuiría romper el ciclo de impunidad. La población no puede seguir pagando facturas desorbitadas por un servicio defectuoso.
El apagón de abril de 2025 no puede ser un mero episodio en la crónica de un fracaso anunciado. Mientras las eléctricas evaden responsabilidades y los partidos PP y PSOE se enzarzan, la ciudadanía exige soluciones reales. La transición energética no puede construirse sobre redes obsoletas y pactos de no agresión entre determinados políticos y empresas. Granada, con su mix de sol y negligencia, es el símbolo perfecto de lo que está en juego: o priorizamos a las personas, o seguiremos a oscuras.
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