jueves 25 abril
Opinión  |   |

El caso Bódalo

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Andrés Bódalo es un sindicalista andaluz que se encuentra actualmente en prisión. Está condenado a tres años y medio de cárcel de los cuales ya ha cumplido ocho meses. Tras meses de silencio mediático, el caso Bódalo ha vuelto a salir en los medios por dos motivos. Por un lado hace sólo unos días Diego Cañamero entregó una carta al Papa Francisco explicando el caso de Andrés y por otro lado, el propio Bódalo ha comenzado una huelga de hambre denunciando su situación.

A pesar del silencio mediático, se han venido sucediendo diferentes campañas consecutivas pidiendo la libertad de Bódalo que han contado con la solidaridad de multitud de organizaciones y colectivos sociales. Es indignante, para la gente que lucha y resiste, ver como un sindicalista está entre rejas, sobre todo si conoces personalmente a Bódalo y tienes que escuchar mentiras sobre su persona y su lucha a diario. El intento de demonización hacia Bódalo ha salpicado a todo aquel que ha levantado la voz en su favor incluido el que escribe estas líneas.

Para entender los motivos que han llevado a la cárcel a este sindicalista jiennense tenemos que remontarnos al año 2012, donde se produjeron una serie de manifestaciones y encierros muy importantes, donde se reclamaba entre otros aspectos, cosas tan fundamentales para la zona rural como la supresión del requisito de las peonadas para tener acceso al subsidio agrario. Entre estas acciones destaca un encierro en Jódar (Jaén) de donde es natural Bódalo. Los portavoces del SAT habían solicitado reuniones con el alcalde y equipo de gobierno para hacerle llegar las demandas de los trabajadores del campo que sufren un paro que asciende al 80% en temporadas fuera de campaña. Una verdadera situación de miseria y pobreza.

No fueron recibidos por las autoridades locales, en cambio, a la salida del encierro, se presentaron el alcalde, teniente de alcalde y otros miembros de la corporación, lo que se entendió por los manifestantes como una provocación. Hubo un tumulto y momentos de tensión, existiendo una grabación donde se ve al propio Andrés Bódalo mediando y pidiendo calma a los manifestantes. Transcurridos unos meses llega una denuncia a Bódalo por una supuesta agresión.

Aquí empieza una serie de irregularidades, disfunciones, lagunas e interpretaciones sesgadas que culminan con el ingreso de Andrés Bódalo en la cárcel, que demuestra que subyace más que una motivación jurídica una motivación política.

En el atestado de la Guardia Civil y en declaraciones de la policía local, no se señala a Andrés Bódalo como agresor. Sólo existe el testimonio de un policía local, que por casualidad es familiar del teniente de alcalde de Jódar supuestamente agredido. Reitero, que casualidad. Así las cosas, en el juicio se le concede valor probatorio a la declaración del teniente de alcalde, por ser cargo público, y sin embargo se obvia el testimonio de los demás policías locales y el atestado de la Guardia Civil. Por tanto, en la sentencia que se condena a Andrés Bódalo existe una falta de pruebas evidente. De hecho existen pruebas de todo lo contrario, una grabación donde se ve a Andrés Bódalo intermediar entre manifestantes y autoridades para que la cosa no fuera a más. Estamos ante una grave irregularidad.

Obviando la falta de pruebas, a nadie se le escapa que aunque se le condene por agresión, una pena de tres años y medio de prisión resulta desproporcionada. Pues bien, toda una vida de activismo sindical, incluyendo concentraciones, encierros, ocupaciones de fincas, etcétera, han ejercido como agravante a la condena por agresión. Llegados a este punto debemos señalar que Andrés Bódalo fue condenado sin pruebas por agresión y que una vida dedicada a la lucha por los derechos de los trabajadores ha sido acumulada en la condena como agravante. Solo este hecho basta para demostrar que detrás del encarcelamiento de Bódalo existe una motivación política ya que se está criminalizando y penalizando la lucha de los trabajadores.

En una sentencia de 2011 la Audiencia Nacional respecto al “asedio” al Parlamento de Cataluña, dictaminó que aunque se pueda “sobrepasar” el derecho de huelga o manifestación, esto no puede servir como agravante pues se trata de derechos fundamentales. En el caso de Bódalo sí que la lucha sindical ha servido como agravante, estamos ante otra interpretación maniquea y una irregularidad. Sin embargo, conscientes de este “mal ejemplo”, el Tribunal Supremo en un ejercicio de contorsionismo judicial, anuló en 2015 la sentencia de la Audiencia nacional de 2011.

El recurso al Tribunal Supremo por parte de Bódalo no fue admitido por realizarse fuera de plazo por un “error” de la procurada, que evidentemente ha sido denunciada, por lo que existe también un caso claro de indefensión. No se trata de una cuestión baladí ya que significa que Andrés Bódalo ha sufrido una falta de tutela judicial efectiva. Encontramos otra irregularidad y una lectura muy estrecha que siempre ha perjudicado al sindicalista.

Tanto en el juicio a Andrés Bódalo como en los sumarísimos juicios mediáticos donde ha comparecido el sindicalista han estado atravesados por una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El caso de Andrés Bódalo ha contado con una gran repercusión mediática donde los grandes medios nunca han dado lugar a dudas de la culpabilidad de Bódalo, sin señalar la falta de pruebas y sin señalar las irregularidades del proceso.

Contrasta esto, con la falta de seguimiento de una huelga de hambre llevada a cabo por catorce miembros destacados del SAT el pasado mayo. Esta heroica huelga de hambre de veintisiete días, por donde pasaron activistas destacados, miembros de la cultura y toda una ingente cantidad de personas reconocidas pidiendo la libertad de Bódalo, fue silenciada mediáticamente.

Hasta el propio edil supuestamente agredido se ha manifestado en favor del indulto de Andrés Bódalo, pero la petición de indulto no ha prosperado y la petición del tercer grado fue desestimada porque Bódalo “no asume la gravedad de lo que hizo.” Se pone de nuevo de relieve las motivaciones políticas que han llevado a prisión al sindicalista.

El caso de Andrés Bódalo desgraciadamente no es el único, hay más de 300 procesos contra sindicalistas y activistas sociales. Pero, uno de las cuestiones más graves es que el concejal supuestamente agredido pertenece al PSOE y todos los órganos andaluces de este partido así como sus líderes destacados, se han posicionado siempre en favor del encarcelamiento de Bódalo, aprovechándose y utilizando la Ley Mordaza que supuestamente iban a derogar.

Parecía que el encarcelamiento de Bódalo iba destinado a infundir miedo a las personas que resisten, en un contexto muy determinado, pero una vez pasaran las elecciones sería más fácil su puesta en libertad. Pero no ha sido así, la “justicia” debe mostrarse implacable con los que luchan. Todos los que creemos en que hay que luchar por un mundo mejor seguiremos gritando a favor de la libertad de Andrés Bódalo. En un mundo donde los corruptos campean a sus anchas no podemos consentir que los que luchen se encuentren entre rejas. Seguiremos gritando con fuerza libertad para Andrés Bódalo y que viva Andalucía libre.

Tony Álvarez
Politólogo y Doctorando en Ciencias Sociales

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