El derecho a la vivienda es un derecho constitucional
Hace unos años, en unas jornadas sobre el derecho a la vivienda inicié mi intervención diciendo que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Añadí que, “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”, para lo cual era necesario que se regulara “la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Y, alguien de la mesa, muy molesto, me interrumpió y dijo que las jornadas no eran para propaganda política, ni para proclamas intervencionistas del mercado. Tras esto, informé al auditorio en general y al ciudadano preocupado en particular que, lo referido no era más que el texto literal del artículo 47 de la Constitución Española. Lo que sorprendió, no solo, al personaje en cuestión, también, a una parte del público que, en principio, había seguido al impertinente indocumentado. Esto nos da el nivel de conocimiento de los que proclaman la libertad de empresa y mercado.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce, así mismo, el derecho de toda a una vivienda adecuada. En el contexto de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales y el Pilar Europeo de Derechos Sociales reconocen el derecho a una ayuda social y de vivienda para garantizar una existencia digna a aquellos que no dispongan de recursos suficientes. La Resolución del Parlamento Europeo de 21 de enero de 2021 sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos, insta a los Estados miembros a asegurar que el derecho a una vivienda adecuada sea reconocido y ejecutable como un derecho humano fundamental. En España, sin embargo, el PSOE y el PP, han convertido todo ese acervo legislativo sobre el acceso a la vivienda en un derecho de cartón piedra.
Y, siendo cierto que la vivienda no se considera un derecho fundamental, sí se enmarca, dentro de los principios rectores de la política social y económica que debe llevar a cabo el Gobierno, lo que, implica un desarrollo legislativo para que luego pueda ser plenamente efectivo. De hecho, el Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado una reciente sentencia en la que reconoce que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, dando pie a que se pueda exigir su cumplimiento ante los tribunales al Ayuntamiento de Granada (también al Estado y a la Junta de Andalucía) por ejemplo, por la falta de promoción de vivienda asequible, falta de financiación adecuada, de promoción y gestión de viviendas y/o evasión de la regulación del uso del suelo que evite la especulación y garantizar el interés general.
La falta de colaboración y coordinación entre las administraciones en materia de vivienda es evidente y las administraciones públicas puesto que son responsables de garantizar el derecho a una vivienda digna, pero, hasta ahora, no pasa de mera declaración de intenciones, de arrojarse la responsabilidad las unas a las otras, que es el campo de juego idóneo que elegido por el PSOE y el PP. Mucho ruido malo para dejar las cosas como están.
La falta de cooperación, que es intencionada, ha dificultado la ejecución de políticas y soluciones que aborden adecuadamente la crisis habitacional. Además, la colaboración público-privada para lo único que sirve es para que la segunda se beneficie del dinero que aporta la primera para que siga primando el negocio sobre el derecho, como ha dejado claro la actual ministra de vivienda, dejando, de facto, sin efecto, irreconocible, la función social de la propiedad privada, esto es, que no solo se beneficia el propietario, también la ciudadanía en general. Esto, es un auténtico espejismo en Granada, con un resultado demoledor, donde el salario medio en 2024 se sitúa en 1572 euros mensuales, el fraude en la contratación laboral ha obligado a la Inspección de Trabajo a implementar un plan especial que ha incluido abrir una investigación que afecta a 124.000 empresas por presunta contratación fraudulenta y, la economía sumergida alcanza el 32% del PIB de Granada, lo que hace, literalmente imposible el acceso a la vivienda, dado que el precio del alquiler medio se sitúa en 947 euros al mes, entre otras cosas, por la proliferación ilegal de pisos turísticos.
La vivienda es un asunto central y de máxima prioridad en Granada, donde miles de personas han dicho su primer basta, exigiendo que la vivienda no es un negocio, es un derecho.
