lunes 12 abril
Opinión  |   |

El negocio de los suministros básicos

Es usual pensar que las cosas que creemos se derivan exclusivamente de un ejercicio racional que hemos realizado de forma individual. Sin embargo, la mayoría de nuestras inclinaciones, que tenemos incrustadas en lo más profundo de nuestro pensamiento, a nivel cultural y político, han sido aceptadas irracionalmente por nosotros mismos a través de múltiples formas fruto de una estructura ideológica, ambiente cultural-o como queramos llamarlo- que nos dice lo que es adecuado y lo que se sale de los límites. De esto no escapa ni el trabajador no cualificado ni el catedrático de Universidad.

Aristóteles, tan sagaz en sus lecturas políticas, no es capaz de condenar la esclavitud, sino todo lo contrario concede un aporte teórico para su justificación. John Locke que escribe todo un tratado justificando la desobediencia civil no es capaz de condenar la esclavitud, pues el mismo se lucraba de ella. El pensamiento de John Stuart Mill y su corriente política apodados “radicales” en su época, serían hoy en su mayoría propuestas bastante moderadas.

Hasta aquí quería señalar que el ambiente cultural -más bien lo que en el marxismo se llama superestructura- constriñe los marcos ideológicos, es decir condiciona a todo el espectro ideológico y político incluso a los movimientos outsider. Dicho de otro modo más sencillo, marca las “reglas del juego político”, lo que es “normal” y lo que es “antisistema”.

Por otro lado señalar, en referencia a los autores antes citados, que se dieron en sus épocas y contextos otros planteamientos mucho más trasgresores y radicales que por supuesto fueron en su mayoría condenados y que gran parte de ellos ni siquiera se estudian en las facultades de ciencias políticas. Sin embargo no podemos caer en el error de pensar que el paso de los años y de las décadas nos sitúa en marcos más progresistas. De hecho, el marco actual es mucho más conservador que el de décadas anteriores.

En los últimos tiempos, hemos convivido con la masiva privatización de monopolios naturales, que han sido objeto de suculentos beneficios económicos privados. Parecía que era lo “normal”. Estas políticas no encontraban ningún tipo de resistencia por parte de los partidos del turnismo, -de hecho las alentaron- ni por los medios de comunicación, ni parecía que tampoco por parte de la sociedad. Empero, existían voces en contra que eran expulsadas hacia la marginalidad, a veces de forma natural o a veces de una forma más grosera. Recordar, por ejemplo, como era representado Julio Anguita en los famosos guiñoles de Canal Plus, como un Don Quijote idealista que luchaba contra molinos de viento pensando que eran gigantes.

El neoliberalismo no es solo un conjunto de políticas económicas, lo más importante es que lleva consigo una auténtica “revolución cultural”, un nuevo código de valores con los que muchos de nosotros hemos nacido y crecido. Si no fuera así, no se entendería como nos intentaban hacer creer que la crisis era generada por que habíamos “vivido por encima de nuestras posibilidades” en lugar de culpar a la banca privada máxima responsable de la actual crisis-estafa.

El Estado, ese que según los postulados neoliberales debe mantener el equilibrio presupuestario, se ha endeudado notablemente para “salvar” a la banca privada. Se estima en más de 50.000 millones de euros la inyección pública de dinero que el Estado realizó a la banca. El plan de empleo garantizado que propuso Izquierda Unida en las elecciones de diciembre suponía una inversión de 15.000 millones de euros y hubiera supuesto un millón de puestos de trabajo en un año. Las preguntas de los periodistas y supuestos “economistas sensatos” se centraban en que esa inversión sería inviable, “¿De dónde se sacaría el dinero?”.

Es decir, el marco actual nos condiciona a pensar que es “viable”, “razonable” y “aconsejable” que el Estado se endeude por valor de 50.000 millones de euros para salvar a los bancos, pero que sea inviable, una locura, “anormal”, endeudarse por 15.000 millones de euros -una cantidad mucho menor- cuyo efecto sería la creación de un millón de puestos de trabajo. Ni que decir del ataque a la propuesta de renta mínima garantizada que propuso Podemos que cifró también en 15.000 millones de euros y que beneficiaría a más de 7 millones de personas.

A pesar de ello, en un momento de transición, de crisis profunda, de crisis orgánica, como en el que estamos inmersos, discursos que pululaban por el subsuelo, en la marginalidad, empiezan a emerger cuestionando la hegemonía imperante hasta ese momento. Esto es lo que está ocurriendo actualmente con las eléctricas.

Según un informe de Facua, el Estado español es el país de la Unión Europea con los precios de la electricidad más caros, después de Malta y Chipre. Según datos de Cruz Roja de 2012, en dos años el gas se ha incrementado el 22%, la luz el 34%; el agua el 8,5%, y la bombona de butano el 23%. En los últimos años la subida se aproxima al 100%, unido a la crisis, genera aún mayor dificultad para afrontar la factura energética de las personas más vulnerables. Con estos precedentes y coincidiendo con una ola de frío, se incrementa el precio de la luz de forma desmedida. Una auténtica barbaridad.

Se han sucedido una serie de acontecimientos que han puesto de relieve que las eléctricas forman un oligopolio y que los gobiernos han sido cómplices de su juego. Me refiero a la subasta eléctrica anulada a finales de 2013, la muerte de una anciana en Reus y la actual subida desenfrenada. Estos hechos han hecho saltar por los aires el discurso imperante en torno a las eléctricas y han puesto de relieve que la “libre competencia” es un engaño y que realmente no están al servicio de la ciudadanía. Incluso dejando a un lado la ideología debemos señalar que el actual modelo no es útil.

Los que hablábamos de oligopolio y los que públicamente decíamos que la nacionalización de las eléctricas era una estrategia clave para de verdad combatir la pobreza energética, un mensaje que podría entenderse como marginal, va cobrando cada vez más fuerza. El hartazgo ante la actual situación inunda a toda la ciudadanía.

En otro orden de cosas, pero en medio de esta vorágine, el Consorcio Vega Sierra Elvira sube el recibo el agua en una operación torticera orquestada por una empresa que en el último año tuvo más de un millón de euros de beneficio y que aprobaron los brazos de madera del PSOE. Ante esta situación fueron 10 los municipios que se opusieron a esta subida que se ha querido maquillar como condición sine qua non para implantar el bono social. Absolutamente lamentable.

Toni Álvarez
Politólogo, Coordinador de IU Láchar-Peñuelas y miembro de la dirección provincial de IU en Granada

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