jueves 22 abril
Opinión  |   |

En defensa de la gestión pública de los servicios

El dilema gestión pública/gestión privada  de los servicios públicos debe decidirse en cada caso concreto, después de efectuar un análisis de los pros y los contras particulares. Solo el interés público debería ser guía para tomar la decisión.

Nadie duda de que las licitaciones públicas a pequeñas y medias  empresas  hayan generado empleo y servicios de calidad a los municipios.  Sin embargo, también es cierto que desde la década de los 90, tanto en España como en Europa, grandes empresas multinacionales gestionan cada vez más servicios públicos esenciales. Monopolizan, fundamentalmente, los sectores del agua y los residuos en todo el mundo.

Los poderes fácticos económicos, conscientes del enorme nicho de beneficios, han apostado por desacreditar la gestión pública y defender la gestión privada. Desde 2005, la UE financia una entidad denominada “Servicios de Asesoramiento para Infraestructuras Público Privadas” (PPIAF) que ha gastado más de 22 millones en esa finalidad.

Los gobiernos del PSOE y PP han legislado sin complejos para facilitar estas grandes privatizaciones. La denominada Ley Montoro (todavía vigente) impuso estrictas restricciones a los ayuntamientos en la creación de empleo. Está prohibido ampliar el gasto de personal, pero hay manga ancha para gastar en contratación de servicios.  Otra vuelta de tuerca fue el artículo de los Presupuestos Generales que impedía la subrogación de los trabajadores de empresas privadas en procesos de municipalización. Afortunadamente, hace unos días, el TC lo declaró inconstitucional.

Después de años de privatizaciones, se han incrementado las dificultades de las administraciones para controlar decisiones estratégicas, se ha constatado falta de transparencia en la gestión, déficit en el control público y ciudadano, incumplimiento de los contratos, imposición de tarifas elevadas sin criterios sociales, enormes lucros. La  prensa ha dado cumplida cuenta de prácticas corruptas en algunas concesiones. Frente al discurso de mayor eficacia del servicio si este está privatizado se comprueba, también,  una pérdida de calidad del servicio y la reducción del empleo en el sector.

El Ayuntamiento de Atarfe en su último Pleno tuvo  que decidir si municipalizaba la limpieza o volvía a licitarla (actualmente FCC realiza el servicio).

Actualmente el servicio de limpieza se realiza con 11 trabajadores y proponíamos aumentar a 16, pues el municipio ha crecido y, con la contrata, no se llega a todo el territorio. Tanto es así que el ayuntamiento cubre la limpieza de muchos distritos con trabajadores contratados a través de  planes de empleo y programas de urgencia social.

El equipo de Gobierno propuso asumir la gestión directa, valiéndose de varias razones:

1ª.-  La gestión directa abarata el servicio. El municipio se ahorra el beneficio industrial y el IVA de la empresa, dinero que se emplearía en la contratación de cinco trabajadores más, además de obtener el control y la potestad sancionadora. Si se licita la concesión del servicio a una empresa privada, el coste será de 184.000€ más que el precio actual  y solo podremos ampliar a 13 trabajadores.

2ª.- La eficacia del Servicio. Ésta tiene mucho que ver con la cualificación, la especialización y la organización del trabajo. Atarfe tiene experiencia y estructura organizativa para asumir la limpieza. Siempre se argumenta que una empresa privada es mucho más eficaz. A veces sucede, otras no, pues contratos con vigencia de muchos años (15 o 25 años) dejan mucho que desear si no hay penalizaciones y un control estricto por parte de la administración.

3ª.- El valor añadido. Se arguye que las empresas tienen medios para comprar maquinaria  y que las administraciones no pueden efectuar inversiones que son caras. En la limpieza no hay valor añadido. Los costes salariales son los más importantes y, en este caso, la maquinaria puede seguir utilizándose durante años.

Aunque la gestión municipal era más barata, eficaz y permitía contratar un mayor número de trabajadores, PSOE, PP y C’s lo impidieron con su voto y apostaron por la privatización.  Durante los próximos años seguirá el servicio gestionado por una empresa privada. Ahora toca hacer un pliego que garantice un control público eficaz para tener un pueblo limpio, algo que hace mucha falta en Atarfe.

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Columnista
Rosa Félix

Portavoz del Gobierno local de PASI en el Ayuntamiento de Atarfe

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