sábado 17 abril
Opinión  |   |

En defensa del municipalismo

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El municipalismo vive en la actualidad dos procesos que son contradictorios. Por un lado, el municipalismo está recibiendo un ataque brutal en su espina dorsal, y por otro lado existe un auge de formas distintas, alternativas y en muchos casos transformadoras, de entender el municipalismo que pueden dar respuesta al hastío y a la falta de soluciones que no se plantean desde otras Administraciones Públicas.

Sobre el ataque que vive en la actualidad el municipalismo hay que señalar en primer lugar, que nunca ha existido una apuesta clara y real por el municipalismo en este país. Sin duda la Administración local es la hermana pequeña de las Administraciones Públicas. En los años de la transición política, donde se perfila el modelo de Estado, la apuesta fue clara, se optó por las Comunidades Autónomas –aunque no con el actual dibujo— y por la estructura estatal, dejando a un lado descaradamente a los municipios. La clave está en que realmente se entendió el municipalismo como parte del proceso de descentralización, siendo el municipio el último eslabón de la cadena. Su concepción es más propia de un ente administrativo que de un órgano político.

Se redactó la Ley de Bases de Régimen Local (LRBRL) pero no se elaboró una legislación amplia que la desarrollara. La actual Constitución reconoce la autonomía política y administrativa de los municipios, sin embargo se detallan las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas pero no las de los municipios. No se trata de una cuestión menor, ya que la competencia es el mecanismo para poder realizar políticas propias y esa capacidad está muy mermada si hablamos de los municipios. Existe una Ley andaluza (5/2010) que sí reconoce una serie de competencias para los municipios. Sin embargo, muchas de esas competencias realmente no lo son, ya que entre ellas se encuentra competencia exclusiva en alumbrado o asfaltado y eso realmente no son competencias, sino que son servicios mínimos obligatorios. Es decir, esas supuestas competencias quedan totalmente desvirtuadas. Ante esta indefinición competencial los municipios en su mayoría han optado por no realizar políticas propias, lo que ha supuesto un absoluto desastre. Se podría pensar que los municipios si realizaron políticas propias en urbanismo, una de las pocas excepciones donde el municipio sí que tiene competencias, sin embargo hay que señalar que en la época del boom inmobiliario el ritmo lo marcaban los especuladores y no la política.

Otro aspecto fundamental es la financiación. Si pensamos en acciones de nuestra vida diaria, como comprar el pan, comprar tabaco o llenar el depósito de gasolina, debemos entender que ninguna de estas transacciones redunda en las arcas municipales. Si a ello sumamos que la mayoría de los municipios no superan los 20.000 habitantes, hace casi imposible que un Ayuntamiento tenga autonomía financiera. Depende por tanto de otras Administraciones, lo que delimita en buena medida la capacidad para hacer políticas propias.

La indefinición de competencias y la falta de autosuficiencia financiera, sumado a la poca ideología de muchos gobernantes municipales, nos sitúa en un escenario donde se optó por propiciar la creación de polígonos industriales, atraer inversión de fuera, regalar suelo a empresas, etc. Se trata de políticas claramente neoliberales, o por lo menos muy enmarcadas dentro del sistema, no son políticas alternativas ni progresistas.

Sin embargo el desarrollo de los municipios debe basarse en precisamente lo contrario, en poner en valor el patrimonio propio. Una política de desarrollo –ya sea económica o social—que esté asentada en su entorno es una política con una mirada a largo plazo, si no está asentada en ese entorno, la política difícilmente será duradera.

Hemos esbozado someramente el diseño deficiente de los municipios, pero el maltrato no acaba aquí, hemos vivido recientemente una oleada de legislación que castiga a los municipios y que por desgracia no parece que vaya a concluir. Debemos señalar la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local o el Real Decreto Ley 4/2012 para pago a proveedores, que cercenan la maltrecha democracia municipal, pero sin duda la piedra angular de los recortes y que afecta directamente a los municipios es la famosa reforma del artículo 135 de la Constitución, pues prioriza el pago de la deuda a la prestación de servicios públicos. Cuando se ataca al municipio no se ataca a un órgano de gestión administrativa se ataca a una Institución portadora de la democracia municipal.

Sin embargo, como hemos señalado al comienzo, se vive en la actualidad dos procesos contradictorios en torno al municipalismo. Al igual que existe un ataque a la democracia municipal, existe de la misma forma un auge de un municipalismo distinto, con vocación performativa, que puede dar respuesta a un sinfín de cuestiones que no están siendo resueltas por otras Administraciones Públicas. Debemos desechar la idea de que la función del municipalismo es poner bombillas y acerado, el acercamiento entre representante y representado es mucho más directo en el municipio lo que ofrece un amplio abanico de posibilidades, por ejemplo, para fomentar la participación ciudadana y la toma colectiva de decisiones. La transparencia va de la mano de la participación ciudadana, si se implementan presupuestos participativos las cuentas deben ser transparentes y conocidas por todos los vecinos para poder decidir el presupuesto. Las políticas sociales pueden ser en un municipio mucho más eficaces y eficientes con un buen conocimiento del entorno. A pesar de no tener la competencia en empleo, los gobiernos municipales deben afrontar las altas tasas de paro que existen, lo que ha conllevado la creación de bolsas de empleo en diversidad de municipios que incluso pueden contar con participación ciudadana, como es el caso de Láchar donde son los propios trabajadores los que velan por el control y el cumplimiento de las bolsas de empleo. Por tanto el municipio puede y debe poner encima de la mesa soluciones mientras otras administraciones no lo hacen. Empero, esta importante tarea no puede depender del ingenio y la audacia de algunos Alcaldes y equipos de gobierno, hay que dejar no sólo de castigar al municipio, sino que hay que defenderlo y apoyarlo y buscar un nuevo encaje donde ocupe el lugar que le corresponde.

En definitiva, defender el municipalismo no es defender la Administración que limpia nuestras aceras y pone nuestras bombillas, defender el municipalismo es defender la democracia.

Toni Álvarez
Politólogo, Coordinador de IU Láchar-Peñuelas y miembro de la dirección provincial de IU en Granada

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