Estado profundo y defensa de la democracia
Una semana más nos llegan noticias inquietantes para la salud de nuestra democracia. Algunas podían ser intuidas, pero tener acceso a los detalles nos provoca un especial estado de alarma. Dice el refrán, “ojos que no ven, corazón que no siente” y estos días conocemos hechos que, por su gravedad y por lo que dejan entrever, nos hacen sentir un profundo desasosiego.
Si no teníamos bastante con los casos de Lawfare, el abuso de los medios de comunicación y las redes para manipular a base de bulos y falsedades, los vacuos y simplones discursos políticos, llenos de demagogia y falso maniqueismo, ahora emerge de nuevo el submundo de las cloacas, del denominado “Estado profundo”, que opera de forma paralela y oculta a las normas y mecanismos del sistema democrático, que si ya mostraba importantes deficiencias ahora se percibe laminado en sus propias bases, con el riesgo de que pueda comenzar a ser visto por muchas personas como una mera apariencia.
Siempre será mejor una democracia, por muy formal y aparente que pueda parecer, que un régimen autoritario o una dictadura. Por eso es fundamental escudriñar los riesgos y daños que aquejan a nuestra democracia y actuar con firmeza, contundencia y de forma quirúrgica para extirpar las infecciones que la aquejan.
Desgraciadamente muchos medios de comunicación se centran más en los elementos morbosos de estas noticias y eluden entrar a fondo sobre lo importante, la esencia que se esconde sobre este tipo de conductas y fuerzas que se mueven en la oscuridad y horadan los cimientos democráticos.
Una política, que ha ocupado importantes cargos públicos, se reúne con un empresario (imputado en la trama hidrocarburos) y algún abogado para “negociar” favores judiciales a cambio de información comprometedora contra un jefe de la UCO-Guardia Civil. También intenta chantajear a un fiscal con un vídeo sexual. Con independencia de la cutrez de las conversaciones lo esencial no son las formas sino que algo así pueda tener credibilidad para las personas participes de la reunión.
Las conversaciones de un capitán de la UCO con un confidente, vinculado a la trama hidrocarburos, donde reconoce su interés en actuar contra el gobierno PSOE-UP y contra Podemos, a los que denomina “rojomorados” y cuyo interlocutor responde que “A esos los vamos a matar nosotros”. Curiosamente este capitán fue fichado (oct-2024) por Isabel Díaz Ayuso (PP) como gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, donde cobra 84.000 euros.
A veces suele acudirse a la hilarante comparación con personajes de cómic como Anacleto, Mortadelo y Filemón o Pepe Gotera y Otilio. Pero la cosa no es para broma. Aún están por aclarar las tramas protagonizadas por personajes como Villarejo, hasta cinco veces condecorado por el Ministerio del Interior (una por Rubalcaba-PSOE y cuatro por Fernández Díaz-PP). Tantos años en las cloacas de los distintos gobiernos del turnismo (PSOE-PP) y del que se intuye que sólo se está haciendo pública una pequeña parte de la realidad delictiva de su entorno.
También están por desentrañar los entresijos de la mal llamada “Policía Patriótica”, en tiempos del presidente Rajoy y el Ministro Jorge Fernández Díaz (PP), dedicada a elaborar montajes para dañar o destruir a partidos concretos. Algo gravísimo e incompatible con cualquier régimen democrático. Hemos conocido que uno de los imputados en ese juego sucio, el número dos de aquel Ministerio, Francisco Martínez (PP) acaba de ser detenido por la presunta comisión de otros delitos posteriores.
Abrumador e inquietante panorama que solo puede provocar desaliento en las personas que creemos firmemente en la democracia. ¿Cómo podemos defendernos cuando quienes ocupan las principales responsabilidades son quienes incumplen las normas?. Unos como presuntos delincuentes o cómplices y otros por su connivencia o inacción.
A quienes ocupan las responsabilidades máximas de gestión de lo público, sean políticos o funcionarios, que para ello gozan de poderes exclusivos como el de autoridad, les es exigible un plus de cumplimiento de las normas, de respeto a los principios éticos y de compromiso con los valores democráticos. Ni por acción ni por omisión es tolerable que contribuyan a resquebrajar el andamiaje democrático.
Salvando las distancias, en Granada hemos asistido a dos hechos que muestran la existencia de un problema serio en su Policía Local. En febrero dimitía el Jefe de la Policía tras ser imputado en presuntos amaños de procesos selectivos policiales. Este proceso penal incluye a otros seis mandos policiales y conllevó la realización de registros por la UDEF en sedes de Granada, Albolote y Algarinejo. Este Superintendente fue designado Jefe de la Policía Local por la actual alcaldesa, Marifran Carazo y ya había sido el hombre de confianza para el PP en 2011, con Torres Hurtado y 2019, con César Díaz.
El otro hecho tiene relación con un caso de violencia de género en el que estaría imputado un subinspector de la Policía Local. Según lo publicado por elDiario.es, el proceso parte de una denuncia por violencia machista por malos tratos contra la mujer y sus hijas, con petición de hasta 10 años de cárcel. El Juzgado le impuso como medidas cautelares la separación de 500 metros, controlada con una pulsera telemática que esta persona se habría quitado varias veces, habiendo sido detenido en más de diez ocasiones por ello.
La víctima y sus hijas se encuentran bajo la protección del sistema VioGén y, según las diligencias de la Guardia Civil, seis policías (incluido él mismo) habrían accedido hasta en 48 ocasiones a ese sistema, de forma irregular, para hacer seguimiento de la víctima.
Recientemente el Subinspector ha sido nombrado Jefe de Estudios de la Academia de Policía Local de Granada, “por motivos personales”. El argumento de la concejala de Seguridad ha sido que es un puesto donde realiza una “labor meramente administrativa”. Todo ello ha indignado al movimiento feminista granadino, que se ha manifestado en contra de esta designación, considerando que se trata de “violencia institucional”.
¿Cuál ha sido la respuesta de la alcaldesa?. Preguntada por la prensa Carazo “respondió con evasivas” y “censuró a la periodista por hacerle una pregunta que no le parecía seria, advirtiendo de que hablaría con la dirección del medio”.
Posteriormente, la concejala de Seguridad, Ana Agudo, afirmó ante representantes vecinales que no podían sancionar al Subinspector porque no había habido medidas cautelares del Juzgado, porque los sindicatos se negaban a que se le impusieran o se dañara su carrera profesional sin haber sentencia firme y porque los técnicos jurídicos municipales habían informado que no era posible la adopción de medidas cautelares por parte del Ayuntamiento.
Si bien es cierto que cuando un funcionario (en este caso un Policía) está inmerso en un proceso penal la Administración no puede sancionarlo por los mismos hechos, también lo es que sí puede adoptar medidas cautelares, entre ellas la “suspensión provisional de funciones”. Así lo establecen todos los reglamentos que rigen su régimen disciplinario: Art. 135, Reglamento de Régimen Interno de la Policía Local de Granada; Art. 33, Ley Orgánica 4/2010, Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía (de aplicación directa y por reenvío del propio Reglamento de la Policía Local de Granada, art. 117); Art. 23 del RD 33/1986, Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado (de aplicación supletoria y al que reenvía el propio Reglamento de la Policía Local de Granada).
Por tanto, nada impide, sino todo lo contrario, que el Ayuntamiento actúe en este caso, investigando internamente todo lo sucedido y adoptando medidas cautelares acordes a la gravedad de la imputación, para proteger a las víctimas y para defender el buen nombre de la Policía Local de Granada.
Este caso está aún inmerso en el proceso judicial pero los indicios no dejan de ser estremecedores. Igual que los casos relatados en la primera parte de este artículo. Todos señalan que si quienes tienen que protegernos hacen lo contrario y además utilizan sus prerrogativas para hacerlo, la ciudadanía puede perder la confianza en el sistema. Por esto es preciso que se actúe de forma rápida, decidida y ejemplarizante respecto a todos los casos que perturban a la sociedad y la fe en el sistema democrático.
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