viernes 23 abril
Opinión  |   |

Fiscal general del Estado

Vivimos en un país democrático en el que uno de los principios básicos es el de la separación o división de poderes, que si bien no está recogida de forma expresa en nuestra Constitución, se infiere de la regulación que se hace de los mismos. Este principio consiste en dividir el poder del Estado en tres poderes independientes: el Ejecutivo (Gobierno), el Legislativo (Congreso y Senado) y el Judicial (jueces y magistrados). De acuerdo con la teoría de Montesquieu, tres poderes en los que ninguno manda sobre el resto.

Pero, ¿la independencia del poder judicial es real o solo aparece plasmada en el papel, en un país donde una de las mayores preocupaciones de los españoles es la corrupción y su impunidad?

De la regulación que se hace del poder judicial, dentro del cual está integrado con autonomía funcional el Fiscal General del Estado (reconocido en el art. 124 de la Constitución de 1978 como un órgano nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído previamente el CGPJ), se puede deducir que no es un poder ni autónomo ni independiente, ya que los nombramientos de sus órganos relevantes dependen directamente de la mayoría que haya en el Parlamento.

Ello ha ocasionado injerencias de los gobiernos del PP y PSOE en nombramientos, incluso intentos de injerencias en la labor del Fiscal General del Estado, órgano del que dependen jerárquicamente el resto de fiscales de España, y que ha provocado además algún reproche por parte del Consejo Fiscal al ministro de Justicia Rafael Catalá en concreto por su "injerencia" tras unas declaraciones en las que cargó contra las fiscales del caso Púnica que pretendían actuar contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y cuyo criterio fue desautorizado por la Fiscalía General.

La politización en los nombramientos de los cargos relevantes del poder judicial ha generado una desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones y la sensación que hay una justicia para los poderosos y otra para los pobres, y ello fue palpable especialmente cuando por ejemplo en el caso Nóos, el periódico El Mundo se hizo eco de la crítica del Fiscal Horrach en su alegato final al juez instructor, donde los ciudadanos no comprendieron que actuara como defensa en lugar de acusación en un procedimiento penal donde habían indicios de delito.

El asunto no es baladí; la politización del sistema de elección del Fiscal General del Estado, ha sido incluso criticada por el Consejo de Europa a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), que le planteó a España once recomendaciones para combatir mejor la corrupción entre los parlamentarios, los jueces y los fiscales, y para lograr una mayor independencia del poder judicial y de la Fiscalía. Pero no se ha hecho nada por parte del Gobierno.

¿ A quién beneficia el actual sistema de elección del Fiscal General del Estado? La respuesta es clara: al Gobierno de turno, que hasta ahora ha correspondido al PP o al PSOE, donde la corrupción y su impunidad han campado a sus anchas.

Pero las democracias avanzan, evolucionan y se perfeccionan. El próximo gobierno será de Cs, partido que ha venido a cambiar realmente, y no sobre el papel, todo lo que no funciona y que desea devolver la ilusión y confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Para esto solo se necesita voluntad política y Cs ha demostrado que la tiene en numerosas ocasiones. Las próximas elecciones Ciudadanos va a ganar y va a demostrar que es posible gobernar sin interferir en el Poder Judicial y garantizando su independencia.

Para ello se ha comenzado incluyendo la reforma de la Fiscalía tanto en el acuerdo de investidura suscrito con el PP, como también en el pacto de una reforma similar con el PSOE antes de la investidura fallida de Pedro Sánchez. Se ha continuado presentando una Proposición de Ley de modificación de la Ley 50/1981 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, rechazada por PP Y PSOE, y que con el objetivo de garantizar la independencia de los intereses políticos se instaba, entre otras cosas, a que como paso previo a la proposición del Fiscal General del Estado por el Gobierno, este debería ser sometido a una votación en el Congreso para su ratificación, siendo necesaria una mayoría de 2/3, (mayoría reforzada). Su desvinculación con el Gobierno vendría reforzada también con medidas como la extensión de su mandato de 4 a 6 años o la conversión del Consejo Fiscal de un órgano asesor a un órgano decisorio.

Pero para lograr una independencia y autonomía real y efectiva, tiene que existir también una independencia económica. Por ello, desde Cs se propone su autonomía presupuestaria, con una partida específica y propia en los Presupuestos Generales del Estado.

En definitiva, perseguimos tener una Fiscalía General del ESTADO, no del PP, del PSOE, o próximamente de Cs, que trabaje sin injerencias políticas, con transparencia y autonomía financiera, al servicio de los ciudadanos y de la justicia igualitaria, donde cualquiera que cometa actos presuntamente delictivos sea investigado por la Fiscalía, defensora de la legalidad y del interés público tutelado por la ley.

¡Resucitemos a Montesquieu y a Locke!

María Amparo Siles Martín
Procuradora y responsable del GTA Justicia e Interior de Ciudadanos Granada

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