viernes 23 abril
Opinión  |   |

Gestión común, un paso más en la soberanía popular

Los vecinos de un municipio tienen a los ayuntamientos como garantes de la protección y buen uso de lo de todos, de lo común. Esta institución es la máxima responsable de asegurar la cobertura de una serie de servicios básicos a las vecinas. Un concepto jurídico de derecho romano llama 'res communes' (cosas comunes) y englobaba el agua, el mar, la orilla del mar y el aire. Se refería a cosas inapropiables. Pero yo prefiero usar el concepto amplio de lo común, que engloba además de a las cosas inapropiables a todo aquello que sea compartido, copropiedad de las ciudadanas.

El concepto común, va más allá de lo público pues hace referencia a una implicación de la ciudadanía en la gestión de los servicios. Ejemplo: la municipalización del agua en Nápoles, donde la democracia da un paso más , pues además de hacer pública la gestión de la misma, se da la soberanía popular de los bienes comunes, ya que en el gobierno de este servicio, se encuentran representantes políticos y técnicos y también están representados los usuarios, asociaciones municipales, movimientos ecologistas y organizaciones de los trabajadores.

Hay más casos a nivel internacional, muchas ciudades de gran peso están remunicipalizando el agua en Nápoles, París, Berlín... En España, nos encontramos con dos tendencias antagónicas: ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, la conocida ley Montoro, que busca evitar la gestión directa de los recursos y servicios, porque imposibilita la contratación de nuevo personal que pueda asumir estas tareas.. Y por otro lado los últimos Presupuestos Generales del Estado que en su artículo 27, niega expresamente la subrogación del personal de empresas absorbidas por entes públicos. La idea del gobierno central es clara, impedir la gestión pública directa, obligar a los ayuntamientos a la subcontratación de empresas privadas.

La otra tendencia es la de los municipios que están recuperando la gestión directa de los servicios, como por ejemplo: Barcelona, Zaragoza, Valladolid, Tarrasa… El pasado 12 de mayo los Ayuntamientos de Tarrasa y Valladolid firman el Manifiesto de Valladolid, que plantea "la autonomía municipal es el mejor mecanismo para servir a los intereses generales de cada municipio" y defender "el derecho de los ayuntamientos a decidir la forma de gestión de cada servicio que mejor se adapte a sus circunstancias o necesidades, garantizando su eficacia, controlando escrupulosamente y con la máxima transparencia sus costes y definiendo unas tarifas razonables y accesibles para todos los ciudadanos y ciudadanas"

En Albolote, actualmente nos encontramos ante varios retos urgentes. Por un lado la gestión del agua se ha prorrogado por 25 años más con Aguasvira, participada por el Consorcio de la Vega Sierra Elvira (60%) y una empresa privada (40%), que en la práctica y aunque sea minoritaria es la que lleva la gestión de la misma. Con grandes beneficios para la parte privada y con más sombras que luces para las vecinas. El rescate de este servicio y su gestión directa debería ser una prioridad de todos los ayuntamientos.

También, el Centro Deportivo Urbano, cuya construcción costó 4 millones de euros de dinero de todos y ahora el equipo de gobierno no tiene claro si debe hacer su gestión privada. Es decir, en un municipio donde los equipamientos escolares son totalmente deficientes, con un instituto muy masificado con 900 alumnos en unas instalaciones para 600, con un colegio en el Chaparral tercermundista, con unos altos índices de paro y pobreza, los anteriores gobiernos del ayuntamiento, construyen un centro deportivo urbano, que vale el doble de lo que costaría la construcción del colegio, y el actual equipo de gobierno no sabe si hacerlo de gestión privada o pública.

El caso Albolote es paradigma del robo de recursos de la gente para beneficiar a unos pocos: se construyen infraestructuras que no son prioritarias porque no se consulta a la ciudadanía qué se necesita en el pueblo, es decir, tenemos una escasa democracia que no nos defiende ni de las grandes corporaciones ni de las estructuras de poder y corrupción de los grandes partidos y se crea un corpus legal que obliga a ceder esas infraestructuras a las grandes empresas privadas para su explotación y beneficio. Los recursos públicos deben estar fuera de esta dinámica de expolio: el agua, la sanidad, la educación son cosas comunes y no negocios para oligarcas.

Susana Melero Cantos
Concejala y portavoz del grupo municipal Ganar Albolote

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