sábado 17 abril
Opinión  |   |

Granada debe hacer valer su capitalidad judicial

Han sido numerosas las ocasiones, a lo largo de la historia de nuestra ciudad, en las que los partidos políticos locales no han sabido defender como corresponde, de forma conjunta y todos a una, los intereses de nuestra querida Granada por encima de sus respectivos intereses de partido. Normalmente los políticos locales que han gobernado nuestra ciudad, PP y PSOE, han seguido las consignas de sus “superiores” en Sevilla o en Madrid y la desunión de estos partidos en la defensa de los intereses de nuestra ciudad ha supuesto para Granada un importante perjuicio comparativo con respecto a ciudades como Málaga o Sevilla, que nos ha llevado a perder la gestión de nuestro patrimonio artístico, de nuestro Parque de las Ciencias, de nuestra Sierra Nevada o a que tengamos un deficit importante en infraestructuras.

La llegada de nuevos partidos políticos como Ciudadanos, al que represento como concejal en el Ayuntamiento de Granada y como diputado en la Diputación Provincial de Granada, va a obligar y está ya obligando a los viejos partidos a ponerse las pilas en la defensa de ciertos temas por encima de sus intereses partidistas, rompiendo así con una tradición política que tanto mal ha traído a nuestra ciudad.

Tenemos una nueva oportunidad de defender y demostrar unidad en un tema que nos acecha en la actualidad: la ubicación de las dos nuevas secciones del TSJA. Son numerosos los argumentos para defender la ubicación de las dos nuevas secciones en Granada; razones tanto históricas como prácticas desde el punto de vista jurídico lo avalan.

El artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su párrafo segundo, señala que “la sede del Tribunal Superior de Justicia es la Ciudad de Granada, sin perjuicio de que algunas Salas puedan ubicarse en otras ciudades de la Comunidad Autónoma”.

Granada tradicionalmente ha estado vinculada con el Poder Judicial; no podemos olvidar que en 1505 los Reyes Católicos crearon su primer Tribunal de Justicia en el edificio de la Real Chancillería y es el único que ha mantenido esta función a lo largo de la historia, conservando dicha tradición nuestro Estatuto de Autonomía.

Pero no hay que olvidar que, además de las razones históricas, hay un trasfondo político detrás, ya que la designación de Granada surgió también como fruto de un pacto político para sumar apoyos a la aprobación del Estatuto, que distribuía los distintos poderes entre la comunidad, centralizando el poder político en Sevilla y el poder judicial en Granada, pacto que a día de hoy y por la puerta de atrás, parece peligrar.

Recientemente la Sala de Gobierno del TSJA ha votado a favor de ubicar una de las secciones en Málaga y la otra en Sevilla (votación que tendrá en cuenta el Consejo General del Poder Judicial a la hora de emitir su informe al Ministerio de Justicia) y ello a pesar de los contundentes argumentos de su presidente, Lorenzo del Río, que emitió un voto particular en contra, dando argumentos como el bajo número de recursos recibidos hasta la fecha en materia penal y que, para hacer frente a esto, lo lógico sería utilizar los recursos propios que ya existen en Granada y no tener que crear por ahora toda una infraestructura nueva. En definitiva, su ubicación en Granada supondría un ahorro de recursos para la administración y, por ende, para todos nosotros. Por otro lado, como también defiende el presidente, no se pueden defender argumentos de cercanía geográfica al ciudadano en una instancia que es prácticamente telemática; además de los argumentos que recuerdan la dispersión que se podría sufrir en la jurisprudencia , ya que no existiría un criterio unificado.

Desde Ciudadanos no tenemos la menor duda, por todo lo indicado y por un concepto de justicia y de deuda histórica para con la ciudad de Granada, de que las nuevas secciones del TSJA deben ubicarse en nuestra ciudad.

Parece que por fin, en un tema tan importante para nuestra ciudad, hay unidad política y albergo la esperanza de que no lleguemos tarde, de que con el empuje de todos los agentes políticos y sociales de la ciudad podamos revertir la situación, impere el sentido común y no se menoscabe más a Granada y a los granadinos.

Raúl Fernández
Concejal de Cs en el Ayuntamiento de Granada y portavoz provincial en Diputación

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