lunes 12 abril
Opinión  |   |

¿Hasta cuándo?

Hace unos días se hizo público el Informe (provisional) de Fiscalización Financiera del Ayuntamiento de Granada, elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía. Aunque referido al ejercicio 2015 sin embargo recoge análisis de determinadas actividades anteriores o posteriores al citado ejercicio. De hecho los trabajos de campo finalizaron el 28 de julio pasado.

Lo primero que hace es llamar la atención sobre la “difícil situación financiera” del Ayuntamiento. Nada nuevo que no supiéramos. Repasa la evolución negativa del déficit presupuestario desde 2013, que era de 6,8 millones, hasta 2016, que alcanzaba los 61,9 millones. Lo que supone una media de incremento de más de 18 millones por año.

Al respecto reprocha a los gestores municipales (PP y PSOE) que no hayan adoptado ninguna de las medidas previstas en la ley para afrontar esta situación.

Pero en lo que se muestra más duro es en relación con los “expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito”. Una práctica que señala como habitual a pesar de que son consecuencia de decisiones adoptadas “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

La causa que justifica la tramitación de estos expedientes es la prestación de determinados servicios a favor del Ayuntamiento devengados en ejercicios anteriores (incumpliendo el principio de anualidad presupuestaria) o que se habían realizado sin el correspondiente contrato o sin la necesaria consignación presupuestaria.

La ley es clarísima al respecto y declara como “nulo de pleno derecho” cualquier gasto que se realice sin contar con previsión en el presupuesto, al margen de “las responsabilidades a que haya lugar”. De ahí que resulte extraño que tales prácticas, a pesar de todo, puedan constituir una costumbre en nuestro Ayuntamiento o que a ningún responsable de la vulneración de la legalidad se le haya exigido hasta ahora ningún tipo de responsabilidad, ni política, ni personal, ni judicial. Resultando incomprensible que el propio Ayuntamiento no haya intentado depurar y exigir estas responsabilidades e incluso se muestre remiso a remitir las diligencias ante la Fiscalía.

El fundamento del reconocimiento extrajudicial de créditos radica en que como el servicio se ha prestado realmente, incluso a pesar de su nulidad derivada de su ilegalidad, el Ayuntamiento debe pagarlo, con el fin de evitar que se produzca un enriquecimiento injusto para la Administración.

Pero en su informe la Cámara de Cuentas va más allá y recuerda la doctrina consolidada del Consejo Consultivo de Andalucía al respecto, dando un nuevo tirón de orejas a nuestros gestores municipales, recordándoles que antes de acceder al reconocimiento extrajudicial de créditos deberían haber procedido a la declaración de nulidad de los acuerdos de gasto, siguiendo el procedimiento de revisión de oficio regulado en la ley, y una vez declarada esa nulidad proceder a aplicar las consecuencias jurídicas que el legislador ha establecido para los contratos nulos de pleno derecho. Porque éstos nunca pueden ser retribuidos en las mismas condiciones que lo sería un contrato válidamente celebrado. Pero no se ha hecho así.

Esto significa que el Ayuntamiento debería abonar los servicios efectivamente prestados, pero únicamente por su coste efectivo, excluyendo otros conceptos como el beneficio industrial, para evitar que se produzca a su vez el enriquecimiento injusto por parte de la empresa prestadora del servicio cuyo encargo es nulo de pleno derecho.

De esta forma la Cámara de Cuentas señala también a la empresa como “copartícipe” de los vicios del contrato en base a que habría consentido una irregular actuación administrativa de la que no puede obtener beneficio sino que debe asumir también, y en la parte que le corresponde, las consecuencias negativas de tales vicios.

Esto significa que en nuestro Ayuntamiento no solo se han contratado servicios, en importantes cuantías, de forma contraria a la legalidad y de la que no se ha exigido responsabilidad alguna a sus autores sino que también se ha pagado de más, se ha despilfarrado nuestro dinero. Y van…

Miguel Martín Velázquez
Colaborador de Ahora Sí

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