Justificar lo injustificable
La verdad es que asombra la facilidad que algunas formaciones políticas hacen lo imposible para demostrar lo indemostrable, me refiero al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuando todo ese esfuerzo lo que sí ha conseguido es desprestigiarlo utilizando una tesis tramposa, cual es que se elevaría a la enésima potencia el corporativismo judicial si los y las jueces eligieran a las personas integrantes del citado Consejo y que para evitar eso, deben ser las Cortes Generales, que es donde reside la soberanía popular, las que deben elegir al órgano de gobierno de los y las jueces, o sea que lo designa los partidos políticos según su cuota de representación, lo que sin duda afecta a la separación de poderes que queda supeditada, a esos niveles, al amarre de los principales partidos políticos y tan es así que ni siquiera las personas escogidas como vocales pueden nombrar libremente a su presidente/a que, a su vez, preside el Tribunal Supremo, cuya nominación, finalmente, es cosa de dos, el presidente del Gobierno y la persona que lidera la oposición. Esa es la razón que justifica el control del CGPJ y los motivos que explican la negativa pretoriana a su renovación.
Dicha tesis olvida, a sabiendas, que entre las funciones del CGPJ no está la de proveer las partidas presupuestarias que sostienen al poder judicial, ni nombrar al ministro de Justicia, sino que su esencial competencia está en amparar, proteger, preservar la independencia judicial y la separación de poderes.
Atendiendo a lo anterior, es de importancia vital para la salud del sistema judicial democrático que las formaciones políticas sean más coherentes y respetuosos con la Constitución Española, conviniendo recordar aquí ahora, que los padres de la Carta Magna se inspiraron en el modelo italiano, esto es una composición mixta del órgano de gobierno judicial, de tal manera que, de los 20 vocales del CGPJ, 12 han de ser jueces elegidos por la propia carrera judicial. Y los 8 restantes deben ser miembros de profesiones jurídicas de reconocido prestigio y que serán designados por las Cortes Generales. La razón de que no se haga así, según se ha venido explicando es que la judicatura era muy conservadora y España no lo era, es decir, todos los y las jueces habían sido formados, seleccionados y promocionados por el franquismo y los no afines purgados. Pues bien, en vez de oxigenar democráticamente la judicatura, el PSOE en 1985 optó por cambiar el modelo de promoción favoreciendo a los que se consideraban con sensibilidad democrática, pero en realidad no pasó de ser un parche convirtiéndose en un problema que afectó a la forma de hacer la transición democrática, también, en la judicatura y que ha significado en la práctica que el Partido Popular controle la justicia.
El sistema mixto de elección de las personas que van a formar parte del CGPJ, como se ha manifestado públicamente, es también defendido por todas las asociaciones judiciales, sistema que permite de entrada diluir las posiciones corporativistas que pudieran aparecer, así mismo, permite instalar democráticamente un mejor equilibrio institucional que es lo que no quieren aceptar los partidos políticos que no acaban de asumir que trasladar al órgano de gobierno judicial las distintas posiciones ideológicas y lo que consiguen es banalizar al CGPJ, desacreditarlo y, por otra parte, se empeñan en desconocer que el perfil actual de la judicatura ya no guarda relación con el franquismo, todo lo contrario, esta considerablemente comprometida con los valores constitucionales.
El Consejo General del Poder Judicial debe dejar de ser la expresión de la representación de las distintas fuerzas políticas y, como muestra un botón. Ahí tenemos la ley de la vivienda, sobre la que el órgano de gobierno de los y las jueces ha objetado que se trata de una norma, para resumir, intervencionista del mercado inmobiliario y que expropia competencias de las Comunidades Autónomas, todo ello en la misma línea del partido político que hoy controla el CGPJ, cuyo mandato caducó hace tres años. Esto es un desprecio a la Constitución Española. Es inaceptable.
