La alcaldesa normaliza la impunidad machista
El Partido Popular ha cometido un acto de violencia machista y complicidad institucional que mancha la lucha contra la violencia de género. La designación, por la alcaldesa Marifran Carazo, de un subinspector de la Policía Local —acusado de violencia machista, investigado por espiar a su expareja mediante el sistema VioGén y detenido más de diez veces por violar órdenes de alejamiento— como jefe de estudios de la Escuela de Policía no es solo un despropósito: es una burla al estado de derecho, un insulto a las víctimas y un mensaje claro de que el actual gobierno municipal prefiere proteger a los agresores antes que a las mujeres.
Es una ironía macabra el nombramiento del subinspector, pendiente de juicio por violencia física y psicológica contra su expareja e hijas, convierte la Escuela de Policía en un espacio de desbarro. Según la Fiscalía, este agente ejerció un control obsesivo: supuestamente instaló un GPS en el coche de la víctima, accedió a sus dispositivos electrónicos y, con ayuda de seis compañeros, consultó ilegalmente el sistema VioGén —diseñado para proteger a las víctimas— en 48 ocasiones para localizarla. Que ahora se le asigne un puesto relacionado con la formación policial, aunque se insista en que solo realizará tareas administrativas, es una afrenta. ¿Qué valores transmitirá a futuros agentes? ¿Cómo garantizará la sensibilidad hacia la violencia de género quien la ejerció sistemáticamente?
El mensaje a las víctimas es aterrador: "Estáis solas”. La víctima, exhausta tras años de acoso, relata cómo el agente manipula el sistema Cometa (la pulsera antimaltrato) para hostigarla: "Juega con el dispositivo para que suene y ponerme nerviosa”. Su testimonio revela el fracaso de las medidas de protección cuando quienes deben aplicarlas las sabotean. Al mantener al agente en funciones y premiarlo con un cargo, la alcaldesa, Marifran Carazo, envía un mensaje perverso: las denuncias no importan, la justicia es maleable y las instituciones priorizan la lealtad corporativa sobre la vida de las mujeres.
La alcaldesa Marifran Carazo y la concejala de Seguridad, Ana Agudo, han defendido el nombramiento como un "cambio de destino por motivos personales", alegando que no hay condena firme. Pero esta excusa ignora la gravedad de las acusaciones y el riesgo que supone para la víctima.
La violencia Institucional como herramienta de control, en este asunto, no es un caso aislado. Siete agentes, algunos del Grupo Mujer y Menores (Grume), accedieron presuntamente al VioGén para espiar a la víctima, convirtiendo un sistema de protección en un arma de persecución. La connivencia de colegas y la pasividad del gobierno municipal reflejan una cultura institucional que normaliza la impunidad. Mientras, la alcaldesa desoye a las víctimas de violencia de género -llegó a amenazar a una periodista— y se niega a rectificar, evidenciando un autoritarismo déspota que silencia las críticas.
La decisión no solo afecta a una mujer, sino que erosiona la credibilidad de toda la estructura de seguridad. ¿Cómo confiar en una policía cuyos agentes usan herramientas estatales para acosar? Esta pregunta, nos lleva a la conclusión que la decisión del Partido Popular que es gobierno en el Ayuntamiento de Granada enfrenta a la ciudad a una encrucijada: ser siendo cómplice o exigir rectificación. Anular el nombramiento, investigar a los implicados y reforzar los protocolos contra la violencia institucional son pasos urgentes. Mientras, la sociedad granadina debe preguntarse: ¿qué clase de ciudad tolera que sus instituciones premien a los maltratadores? Granada debe situarse del lado de la justicia y rechazar la barbarie machista.
No puedo terminar sin dar mi más firme apoyo a las víctimas de violencia machista: no están solas. A las instituciones: su silencio las hace cómplices cuando la alcaldesa normaliza la violencia machista. A la ciudadanía: la indiferencia también es violencia. Hoy más que nunca, Granada debe elegir entre la impunidad o la dignidad.
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