viernes 22 marzo
Opinión  |   |

La injusta desmemoria del Gobierno andaluz

A primeros del mes de Septiembre del año pasado, concretamente el día 4, se publicaba en el BOJA, la Resolución de la extinta Dirección General de Memoria Democrática que abría el plazo para solicitar ayudas relacionadas con actividades de investigación, estudio y divulgación de actuaciones en materia de memoria democrática de Andalucía. Las ayudas estaban destinadas a entidades memorialistas, universidades públicas y municipios. Una Resolución que reflejaba a las claras el convencimiento que tenía el Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía: la cooperación institucional es buena y sobre todo necesaria, también, en materia de memoria histórica.

Para el Partido Socialista la recuperación de la Memoria Histórica es un deber que da cumplimiento a nuestros principios fundacionales y por tanto tiene que formar parte de nuestros programas electorales. Así, el PSOE de Andalucía se presentó a las elecciones andaluzas con 14 compromisos en materia de Memoria Histórica que aparecían plasmados en su programa. Los compromisos eran (y seguirán siendo aún desde la oposición) los contemplados en el I Plan Andaluz de Memoria Democrática que, en el marco de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobó el Consejo de Gobierno en Noviembre del 2013 con un presupuesto de casi 6 millones de euros. Compromisos que se traducen en actuaciones en materia memorialista que se estarían desarrollando si el PSOE estuviese en el Gobierno.

Y es que de haber sido así, en este momento se estaría trabajando para la investigación histórica, localización, exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, para la elaboración de un protocolo de exhumaciones, para la creación del Banco de ADN y para la puesta en marcha de una Comisión Independiente para un relato de la verdad…Y todo teniendo siempre presente a quienes sufrieron una represión especifica, es decir las mujeres y colectivos como los LGTBI, las exiliadas o menores sustraídos y que ocupaban el espacio necesario en el programa electoral del PSOE de Andalucía.

Como lo de gobernar el PSOE no fue posible, es conocido ya por todas (incluso para Ciudadanos) el documento firmado por el Partido Popular de Andalucía y Vox, que apunta a la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía mediante la aprobación, en sustitución de la primera, de una Ley de Concordia y en cuya dirección se trabaja tras la aprobación de un Comisionado para la Concordia en el Consejo de Gobierno del pasado día 12 de Febrero, con la miserable excusa de búsqueda de un mayor consenso.

Y es curioso pero, se está justo en un momento en el que, mientras que el Gobierno Andaluz actual busca la manera de desmontar todo lo construido en materia de memoria histórica y democrática en Andalucía, entidades memorialistas, universidades y municipios están inmersos en el desarrollo de las actividades, proyectos y actuaciones como consecuencia de las ayudas otorgadas por el Gobierno Andaluz en el marco de la Resolución del 30 de Agosto de 2018 de la Dirección General de Memoria Democrática.

Actividades que, en algunos casos y especialmente para los familiares, resultan tan inesperadas como deseadas y que en otros provocan hasta inquietud o pudor.

Actividades, muchas de ellas, coincidentes en querer cumplir con el objetivo de reconocer al colectivo de los maestros y especialmente el de las maestras. Y no es casualidad porque fue este colectivo el primero en la lista de los que había de reprimir. Fueron sólo en toda España, y según los archivos más de 60.000 los maestros y maestras depuradas. En la provincia de Granada, un 17% de este profesorado fueron objetos de sanciones de todo tipo, desde los más duros desplazamientos o alejamientos de casa hacia otras escuelas, inhabilitaciones para ejercer cargos directivos en las escuelas o incluso suspensiones o separaciones temporales o definitivas del servicio con todo lo que ello podía suponer y supuso.

Un profesorado joven, formado en el contexto de uno de los proyectos más sociales de la II República o sea el educativo, y que fue señalado por el régimen franquista solo por hacer del Magisterio la tarea de crear ciudadanía libre y preparada para interpretar el entorno en el que se vivía, libre y preparada para reconocer las necesidades y desigualdades con las que convivían y libre y preparada para ser activa en el razonamiento, en el discernimiento y en la crítica, además del resto de conocimientos. Un profesorado perseguido porque enseñaban a las gentes, especialmente de los pueblos más pequeños y alejados, a ser buenos ciudadanos y buenas ciudadanas. Ese fue su delito.

Cada pueblo está ligado a un nombre y a unos apellidos de aquellos 60.000 maestros o maestras. Se trabaja, en algunos de los casos, para hacer memoria sobre sus vidas, sus aportaciones y sus logros gracias a fondos públicos propuestos y aprobados por el Gobierno socialista en la Junta de Andalucía. Lo triste es que seguramente, por ahora, ya no habrá más.

Por lo que a mi pueblo respecta, uno de los nombres al que está ligado es el de Ángeles Arenas Esturillo, maestra en tiempos de la República en Cuevas del Campo. Ella también estaba comprometida con la formación de personas libres y en Libertad. Depurada por el Franquismo que nunca más le permitió ejercer su magisterio.
Por tantos trágicos sucesos como el que padeció Ángeles, la memoria histórica y democrática sigue siendo una necesidad. Las víctimas y sus familiares necesitan esa reparación.

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Columnista
Olga Manzano

Secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada

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