La violencia inmobiliaria que la alcaldesa ha permitido
Hay hechos que no solo revelan un delito. Destapa una complicidad institucional. Y en Granada, lo ocurrido a una madre (Sofía) y a sus tres hijos pequeños —de tan solo 7, 5 y 2 años— no puede analizarse únicamente como un expediente penal, sino como el reflejo de un modelo de ciudad donde quienes más deberían ser protegidos son quienes primero quedan abandonados.
Las denuncias presentadas en sede policial y judicial exponen una cadena de hechos estremecedores: allanamientos, sustracción de bienes esenciales y de la documentación personal como pasaportes, libro de familia y cartillas sanitarias, sabotaje del suministro de agua, presencia de individuos de la empresa Blackhound enviados y actuando de manera organizada y violenta, amenazas explícitas y una campaña de hostigamiento destinada a forzar la salida extrajudicial de una familia vulnerable de la vivienda. Todo ello, según las denuncias y atestados presentados, habría ocurrido bajo la presunta dirección de una empresa, con la supuesta finalidad económica de facilitar la entrega del piso —ya permutado registralmente— a otra sociedad mercantil.
No se trata de un conflicto privado; se trata de violencia ejercida contra la pobreza. Y en este caso, contra tres niños que quedaron sin ropa, sin juguetes, sin comida, sin agua y sin seguridad. Tres vidas pequeñas puestas en riesgo para facilitar una operación inmobiliaria. Pero, hay un elemento aún más grave: nada de esto habría llegado a ocurrir si la alcaldesa de Granada hubiera actuado conforme a su obligación institucional de proteger a los menores vulnerables y garantizar su derecho a una vida digna. Porque esta familia hizo lo que hay que hacer: pedir ayuda. Avisaron a los servicios municipales, expusieron la situación de riesgo, solicitaron la intervención de la administración. Y la respuesta fue el silencio.
Un silencio institucional que permitió que la empresa y su gerente, según se recoge en la denuncia y en los atestados policiales, presuntamente actuaran con absoluta libertad hasta el punto de producirse el corte del agua —un bien esencial de primera necesidad— con la finalidad de forzar el desalojo de la familia. Un silencio que posibilitó que Emasagra interviniera en actuaciones cuya legalidad está actualmente bajo investigación judicial. Un silencio que, en la práctica, constituye una forma de complicidad.
La alcaldesa conocía la situación: sabía que había una familia vulnerable, sabía que había tres menores en riesgo, sabía que se estaban produciendo actuaciones irregulares, sabía que Emasagra —participada por el Ayuntamiento— estaba permitiendo maniobras injustificadas en la vivienda. Y, aun así, eligió no actuar.
Esta no es una decisión aislada. Es una pauta. Una forma de gobernar. Una línea política que abandona sistemáticamente a quienes más necesitan protección, que niega auxilio mientras se privilegia a quienes ostentan poder económico, que convierte la vulnerabilidad en un estorbo y la pobreza en una molestia a gestionar, nunca en una realidad a acompañar. Cuando una administración local permite que tres niños vivan rodeados de violencia, miedo y desamparo para facilitar la entrega de una vivienda a una empresa; cuando permite que se corte el agua en un hogar con menores; cuando hace recaer sobre sus ciudadanos la obligación de defenderse solos frente a la intimidación organizada; cuando no interviene pese a tener información directa de los hechos, la pregunta es obligada: ¿Qué ciudad está construyendo esta alcaldesa? Una alcaldesa que se muestra diligente cuando se trata de fotografías oficiales, pero ausente cuando se trata de proteger la vida de tres niños. Una alcaldesa que exige orden, pero tolera la arbitrariedad. Una alcaldesa que habla de convivencia, pero ampara la violencia estructural contra los más pobres. Una alcaldesa que presume de transformación urbana, pero olvida que ninguna ciudad es digna si sacrifica a quienes menos tienen.
Granada no puede permitirse naturalizar lo que ha ocurrido. No puede aceptar que una operación urbanística valga más que la integridad de tres menores. No puede permitir que la violencia inmobiliaria se normalice como instrumento de presión. Y no puede tolerar que la máxima responsable política de la ciudad permanezca de brazos cruzados mientras se destruyen hogares y se vulneran derechos fundamentales. Este caso debe marcar un antes y un después. Por la familia afectada, por los niños que vivieron el horror, pero también por lo que dice de nosotros como sociedad. Porque la pregunta final no es solo qué hizo, presuntamente, la empresa y su responsable. La pregunta es qué no hizo la alcaldesa de Granada, y por qué. Y esa es una responsabilidad pública que no se puede eludir.
Granada merece instituciones que protejan, no instituciones que miren hacia otro lado. Granada merece una alcaldesa que responda, no una que permita que la vulnerabilidad se convierta en un negocio.
Popular ahora
