La ZBE de Granada: un fraude ambiental que castiga a trabajadores y a la economía local
La ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada, activa desde abril de 2025, trasciende lo ambiental. Bajo la apariencia de cumplir con la Unión Europea (UE), el gobierno municipal de Marifran Carazo ha diseñado una ZBE que, lejos de combatir la contaminación, castiga a quienes menos tienen y beneficia a quienes menos lo necesitan. No es ecología: es clasismo disfrazado de verde.
La UE exige a las ciudades reducir emisiones, pero no obliga a hacerlo criminalizando a los vulnerables. La alcaldesa, ha optado por la vía fácil: restringir el acceso al centro a vehículos sin etiqueta ambiental no empadronados en la capital. Así, un vecino de Armilla con un coche diésel de 2005 —quizá el personal que trabaja en el Hospital Campus de la Salud— recibirá una multa, mientras su colega granadino, con el mismo vehículo, circulará sin problemas. La norma no se basa en emisiones reales, sino en el código postal, lo que la medida, lejos de ser justa supone de hecho un impuesto encubierto para las personas residentes en los barrios de Granada y el área metropolitana.
El 30% de los vehículos del área metropolitana —donde residen más de 300.000 personas— quedan fuera de la ley. Muchos son personas trabajadoras que no pueden permitirse un coche nuevo. Para ellos, la ZBE no es un plan ambiental, sino un recorte salarial: cada multa es un golpe a economías familiares ya precarizadas.
La ZBE podría ser legítima y positiva si diera soluciones, pero no las da. Por ejemplo, el metro llega solo a unos pocos municipios, los autobuses metropolitanos son lentos y escasos y los polígonos industriales —como Juncaril, Asegra, El Jau o Vegas del Genil— siguen siendo islas desconectadas. Mientras, la Junta de Andalucía anuncia ampliaciones del tranvía para 2030, como si el cambio climático y las familias trabajadoras pudieran esperar cinco años.
El Ayuntamiento invierte más en radares que en carriles bici. En 2023, destinó solo el 5% de su presupuesto de movilidad a políticas verdes, según el Observatorio de Sostenibilidad. ¿Cómo explicar esta contradicción? Simple: las multas generan ingresos recaudatorios inmediatos; el transporte público exige inversión a largo plazo.
El centro histórico de Granada, ya ahogado por la turistificación masiva y descontrolada, enfrenta otro golpe: el 80% de sus clientes son metropolitanos. Restringir su acceso no salvará el planeta, pero sí hundirá a comercios de toda la vida. Mientras, centros comerciales como Nevada Shopping en Armilla —accesibles en coche sin restricciones— frotan sus manos, mientras, el comercio de toda la vida, volverá a recibir un castigo. La ZBE no es solo injusta: es un regalo a las grandes superficies. La ZBE profundiza, por tanto, en la agonía de la economía local y productiva granadina y premia a las grandes corporaciones, todas ellas, extractivas de nuestros recursos, sacando de Granada, de Andalucía las plusvalías que se imputan en Madrid.
La ZBE tal y como está diseñada no contempla moratorias en las multas hasta que el metro llegue a los municipios del área metropolitana y los autobuses sean gratuitos para una parte de la población. Por otro lado, es imprescindible prohibir vehículos contaminantes sin excepciones por empadronamiento, priorizando emisiones reales y no direcciones postales. Así mismo, hay que establecer tasas a los grandes contaminantes y que sean las empresas de los polígonos industriales las que paguen, no las personas trabajadoras. Y, se deben crear fondos para renovar vehículos en familias vulnerables.
La ecología no es un lujo. La ZBE granadina es el ejemplo perfecto de cómo el neoliberalismo secuestra las causas justas: convierte la emergencia climática en un negocio, trasladando sus costes a los de siempre. Pero la ecología sin justicia social es solo un eslogan vacío.
Granada necesita políticas útiles y beneficiosas para el conjunto de la población, o lo que es lo mismo, menos radares punitivos y más trenes públicos; menos ecopostureo y más auditorías a las eléctricas; menos multas a repartidores y más carriles bici protegidos. El planeta no se salvará con el sudor de las personas trabajadoras, sino acabando con un sistema que prioriza el beneficio especulativo sobre la vida. Granada necesita una ZBE que una a la ciudad y su área metropolitana, no que las enfrente.
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